EdoMéx castigará con 15 años de prisión los matrimonios infantiles
*Redacción Diario Evolución*
El Congreso del Estado de México aprobó hasta 15 años de prisión por promover matrimonios infantiles, iniciativa presentada por el diputado Anuar Azar Figueroa, coordinador e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, y resalta que estas penas es para quien obligue, procure, induzca, coaccione, solicite, gestione, oferte, ofrezca, consienta o facilite a una persona menor de edad establecer matrimonio.
Destacó en su iniciativa que México se ubica como el décimo país con más casos de matrimonio infantil, y el segundo país de América Latina con el mayor número de mujer que se casaron o unieron antes de los 18 años, y por ello están estas sanciones se aplicarán también en los casos en que dichas acciones se realicen con el propósito de fomentar esta conducta entre una persona menor de edad y otra menor o mayor de 18 años, incluso cuando sean los propios padres o madres quienes lleven a cabo los actos antes descritos.
Por ello, se establecen penas de cinco a diez años de prisión y de mil a cuatro mil días multa por este delito. Estas sanciones podrán incrementarse hasta en la mitad cuando el delito se cometa con violencia o en contra de personas menores de edad que tengan alguna discapacidad, o que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas. Las penas podría alcanzar hasta quince años de prisión y seis mil días multa.
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Se subrayó que, a pesar de lo establecido en los diferentes ordenamientos internacionales y nacionales en materia de protección de la niñez, aún persisten prácticas, usos y costumbres que hacen que sea interrumpida la infancia, tal es el caso, los matrimonios infantiles, a los cuales aún son sometidas, principalmente, las niñas.
Aunque, la frecuencia con la que se realiza esta práctica se ha reducido en todo el mundo, al pasar de 1 de cada 4 niñas que se casaban siendo niñas hace diez años, a aproximadamente 1 de cada 5 en la actualidad, el matrimonio infantil sigue estando vigente y sigue provocando, principalmente en las niñas y las adolescentes, la vulneración de distintos derechos como el de la salud, a la educación, a su bienestar, la libertad, el poder elegir, al trabajo.
Por ello, resaltó que, que el Estado tiene la obligación indeclinable de actuar como un garante de los derechos de las personas menores de edad. Asimismo, desde una perspectiva humanista, esta reforma reafirma la visión de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, cuya dignidad, autonomía y proyecto de vida deben ser respetados y protegidos por encima de cualquier costumbre, tradición o interés particular que pretenda justificar el matrimonio infantil.
