EdoMéx primero en violencia contra mujeres en lo que va del 2026: activistas
*Fernanda Rodríguez*
Familiares y activistas conmemoraron a las mujeres víctimas de la violencia, en los memoriales ubicados en la Plaza González Arratia en Toluca para visibilizar que el Estado de México enfrenta una grave crisis en materia de seguridad y procuración de justicia para las mujeres, al haber ocupado el primer lugar nacional en lesiones dolosas contra mujeres, lesiones culposas, violencia familiar y violación simple y equiparada durante los primeros ocho meses de 2026.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte al 31 de agosto, la entidad registró 18 mil 255 víctimas mujeres de lesiones dolosas, 3 mil 316 de lesiones culposas, 18 mil 755 casos de violencia familiar y mil 884 presuntos delitos de violación. Asimismo, el informe contabilizó 31 víctimas de feminicidio, 52 mujeres víctimas de homicidio doloso y 103 de homicidio culposo en el territorio mexiquense, a lo que se suma un acumulado de 24 mil 860 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres.
Ante este aumento considerable de feminicidios y violencia, Lisa García, activista, hizo un firme llamado a la justicia para mantener viva la memoria de las hermanas que han sido arrebatadas y enviar un mensaje contundente a las víctimas y sus familias de que no están solas, sosteniendo que continuarán exigiéndole al Estado que garantice el derecho a la vida.
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Ante la inoperancia institucional, colectivas feministas y activistas acuden de manera constante para acompañar a las familias en las audiencias y mantener una presencia permanente en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el objetivo de presionar para que se aplique una perspectiva de género real en las investigaciones. Sin embargo, prevalece un escenario de impunidad donde las evidencias y pruebas presentadas resultan insuficientes para las autoridades, permitiendo que feminicidas queden libres mediante recursos legales como amparos o sin recibir sentencias vitalicias.
Esta problemática se agrava por la deficiencia de personal en la FGJEM, donde el exceso de trabajo deriva en carpetas de investigación mal integradas, lo que provoca que numerosos casos terminen archivados y se obstaculice el acceso a la verdad. La cadena de omisiones institucionales no puede continuar mientras la muerte y la desaparición de mujeres persisten de forma alarmante, perpetradas incluso por sus propios familiares.
Un ejemplo representativo de estas trabas procesales e impunidad es el caso de Fátima Varinia, el cual marcó al Estado de México por las severas dificultades y la resistencia que sus padres tuvieron que enfrentar a lo largo del proceso judicial cuando los agresores promovieron recursos de amparo para evadir la justicia.
