En operativo contra tragamonedas de FGJEM sembraron droga para su aseguramiento: UNAMA
*Fernanda Rodríguez*
Más de un centenar de integrantes de la Unión Nacional de Maquineros (UNAMA), encabezados por su presidenta, Aracely Gutiérrez Caballero, se manifestaron en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para exigir un diálogo con el titular de la institución y esclarecer, según señalaron, diversas irregularidades relacionadas con el operativo denominado “Dos de Bastos”, realizado en julio pasado y mediante el cual fueron aseguradas alrededor de 3 mil máquinas tragamonedas.
Durante la protesta, Gutiérrez Caballero afirmó que los integrantes de la organización buscan conocer los fundamentos legales con los que se llevó a cabo el operativo, así como aclarar presuntas anomalías en la integración de las carpetas de investigación, debido a que, aseguró, en algunos casos no se especifica el delito que se estaría investigando y se pretende relacionar a los propietarios o establecimientos con grupos criminales.
La presidenta de UNAMA también denunció presuntas violaciones a los derechos humanos y señaló que, durante los aseguramientos, no se permitió a los propietarios acreditar la procedencia y propiedad legal de las máquinas, ya que los establecimientos cuentan con requisitos y medidas para desarrollar esta actividad, como permisos, horarios establecidos, restricciones para impedir el uso a menores de edad y la ubicación de los negocios a determinada distancia de planteles educativos.
“Contamos con los requisitos para ejercer la actividad como permisos, horarios establecidos, estar a ciertos metros de distancia de escuelas y la restricción del uso de máquinas para menores de edad”, afirmó la presidenta de UNAMA.
Asimismo, acusó que cuentan con videos en los que, presuntamente, se observa a elementos de la Policía de Investigación (PDI) colocando drogas en algunos establecimientos con el propósito de justificar los aseguramientos. También señaló que propietarios de los negocios habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales durante los operativos.
De acuerdo con la dirigente, estas acciones no solamente afectaron a los propietarios de los establecimientos, sino también a las familias que dependen económicamente de esta actividad. “Detrás de cada máquina existen diferentes personas involucradas, como operadores, arrendatarios y vendedores, por lo que el aseguramiento de un equipo puede representar una afectación para alrededor de diez personas” afirmó Gutiérrez Caballero.
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Sostuvo que en algunos casos se habría utilizado una sola orden de cateo para ingresar a más de un establecimiento comercial, situación que, dijo, deberá ser revisada por el Ministerio Público encargado de las carpetas de investigación. Ante las afectaciones derivadas de los aseguramientos y la suspensión de actividades en algunos negocios, integrantes de UNAMA han recurrido también a amparos para defender sus derechos y buscar la recuperación de las máquinas que, aseguran, se encontraban en establecimientos donde su operación no representaba una irregularidad.
La presidenta de la organización rechazó también las acusaciones de que las máquinas tragamonedas pertenezcan a grupos criminales o que los comerciantes sean obligados a instalarlas, tal como lo informó la Fiscalía. Explicó que existen proveedores legales que trabajan bajo esquemas de comisión, similares a los utilizados por otros productos colocados en establecimientos comerciales.
“Es mentira que se les obliga a tener las máquinas, pues hay proveedores que trabajan por comisión como las máquinas expendedoras de refrescos o papas, ya que nosotros pagamos impuestos; pues es mentira que las máquinas pertenezcan a un grupo criminal”, manifestó.
Otro de los cuestionamientos planteados durante la manifestación fue la ausencia de personas detenidas o imputadas como resultado del operativo, por lo que Gutiérrez Caballero cuestionó que si la acusación pretende dirigirse contra personas físicas, no se hayan registrado detenidos, investigados o imputados y pidió conocer bajo qué fundamentos se desplegó el operativo.
“Una acusación sería contra alguna persona física. No hubo detenidos, no hubo investigados, mucho menos imputados; ¿con qué fundamentos hicieron el operativo?”, cuestionó, al considerar que las irregularidades habrían sido cometidas por la propia Fiscalía durante el procedimiento.
La dirigente también señaló que la organización cuenta con un peritaje relacionado con la prevención de la ludopatía, al considerar que, en caso de existir establecimientos donde se presenten problemas de adicción al juego, deben establecerse medidas para proteger a los adultos. En ese sentido, rechazó que las máquinas estén dirigidas a menores de edad y sostuvo que existen restricciones para impedir su utilización por parte de este sector de la población.
Los integrantes de UNAMA señalaron que mantendrán las acciones legales necesarias para recuperar los equipos asegurados y aclarar las investigaciones iniciadas a raíz del operativo “Dos de Bastos”, e insistió en la apertura de un diálogo directo con el titular de la FGJEM para revisar cada uno de los casos y determinar si los procedimientos realizados durante los cateos se apegaron a la ley.
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