Espionaje, difamación y 337 muertos: El saldo violento para la prensa y el activismo con AMLO
*Redacción Diario Evolución*
Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 337 periodistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados. Así lo reveló una investigación presentada por la Universidad de Berkeley, la cual consolidó bases de datos de diversas organizaciones civiles de la violencia ocurrida entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024. El reporte,“Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, informa que la cifra se compone de 78 comunicadores y 259 activistas que perdieron la vida de forma violenta.
El estudio advierte que los homicidios forman parte de una estrategia más amplia de agresiones sistemáticas que operaron bajo un entorno de impunidad generalizada. Los investigadores de la institución estadounidense documentaron que el Estado mexicano no solo falló en proteger a estos colectivos, sino que continuó utilizando herramientas de espionaje digital como el software Pegasus para vigilar de forma ilegal a reporteros y defensores civiles mientras realizaban sus labores de investigación y denuncia.
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A la violencia física y digital, indicó que también se sumó un componente de hostigamiento institucional desde el Poder Ejecutivo. El análisis, incluso revela que mediante un análisis asistido por inteligencia artificial de las conferencias de prensa matutinas, el centro de investigación detectó dos mil 827 segmentos discursivos dedicados a difamar o descalificar a la prensa. El uso recurrente de calificativos estigmatizantes sirvió, de acuerdo con el informe, para erosionar la credibilidad de los cuestionamientos periodísticos y justificar de manera indirecta las agresiones en contra del gremio.
Por lo que, ante la gravedad y consistencia de los hallazgos descritos, los especialistas de la UC Berkeley School of Law concluyeron que la violencia ejercida y permitida contra estos sectores vulnerables rebasa el ámbito local. Por ello, el organismo académico sugirió que la magnitud de los ataques estatales y la falta de justicia interna configuran un escenario propicio para que los hechos sean sometidos a un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
Tras ello, creó una plataforma pública con registros de víctimas, 75 expedientes, análisis de más de mil 400 conferencias presidenciales y documentación sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia e impunidad; y resaltó al final: “Se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder”.
G.L.
