Foros ciudadanos para integrar presupuesto de egresos, plantea PRD
Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en la integración del presupuesto de egresos de la entidad, la bancada del PRD, que coordina el diputado Omar Ortega Álvarez, propuso al Congreso mexiquense que la programación y presupuestación del gasto público se realice con base en los resultados de los Foros Ciudadanos Regionales para la planeación del presupuesto, contenidos en el Informe Regional de Propuestas Ciudadanas.
Para esto, la iniciativa, presentada en sesión deliberante de la LXII Legislatura por la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD), solicita crear estos foros como mecanismos de participación ciudadana y consulta pública, de realización anual, mediante los cuales la población de cada región del estado formula propuestas y prioridades de gasto público que deberán ser consideradas en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.
El texto establece que la persona titular del Ejecutivo estatal deberá garantizar la realización anual de las consultas, mientras que la Secretaría de Finanzas y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México serán responsables de organizarlas y conducirlas, con al menos un foro en cada una de las 19 regiones en que se divide la entidad para efectos de planeación, así como de integrar y publicar el informe regional y el anexo de atención a las propuestas ciudadanas.
Al presentar la iniciativa de reforma a las leyes de Planeación del Estado de México y Municipios y Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, así como al Código Financiero del Estado de México y Municipios, la congresista sostuvo que el presupuesto público no debe elaborarse sin la participación ciudadana.
En este sentido, puntualizó que se busca que las comunidades tengan voz en las decisiones que afectan tanto su presente como su futuro. Las prioridades de una comunidad se conocen caminando sus calles y escuchando a su gente, abundó, por lo que se apuesta a que este instrumento deje de construirse únicamente desde arriba y comience a planearse desde el territorio, y que las necesidades de las comunidades sean escuchadas.
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En este tenor, el planteamiento establece como objetivos de las consultas: identificar las necesidades y prioridades de gasto público de cada región; vincular la asignación de los recursos públicos con las demandas ciudadanas y con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México; promover la equidad territorial en la distribución del gasto público; fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas mediante la difusión de información presupuestal regional accesible, y dar seguimiento público a la atención de las sugerencias formuladas en ejercicios anteriores.
Precisa que las consultas deberán realizarse antes de la formulación de los anteproyectos de gasto, en sedes accesibles y rotativas entre los municipios de cada región, y garantizar que la participación sea libre, gratuita y no condicionada a afiliación partidista, organizativa o de cualquier otra índole. Además, que la Secretaría de Finanzas emita la convocatoria del caso con al menos 30 días naturales de anticipación a la celebración del primer foro y que, en las regiones con presencia de pueblos y comunidades indígenas, el documento se difunda también en las lenguas correspondientes.
Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la celebración del último foro, la secretaría integrará y publicará el informe regional y elaborará el anexo de atención a las propuestas de los foros ciudadanos, que acompañará al presupuesto y en el que se señalarán, por región, las propuestas incorporadas con el programa presupuestario y el monto asignado.
Finalmente, el presupuesto que la persona titular del Ejecutivo presente a la Legislatura deberá acompañarse del anexo, así como del avance en la atención de las propuestas incorporadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
La implementación de tales consultas deberá realizarse procurando el aprovechamiento de las estructuras institucionales, mecanismos de participación ciudadana y recursos humanos y materiales existentes, a fin de evitar duplicidades administrativas y atender los principios de eficiencia y racionalidad del gasto público.
