Habitantes del barrio de San Miguel denuncian despojo de sus propiedades en Zinacantepec
*Fernanda Rodríguez*
Más de cien habitantes del Barrio de San Miguel han manifestado su profunda indignación hacia la administración municipal de Zinacantepec, encabezada por el alcalde Manuel Vilchis Viveros, debido a la construcción del fraccionamiento “San Agustín”. La problemática se origina en la edificación de esta zona habitacional sobre terrenos que, según los vecinos, ya cuentan con dueños legítimos e incluso viviendas habitadas.
Los inconformes señalan a Marisela Monroy Ponce como la supuesta propietaria de 148 hectáreas ubicadas en la vialidad Adolfo López Mateos, colindante con San Lorenzo y San Francisco Tlalcilacalpan, espacio donde se pretenden comercializar 29 condominios y 36 lotes.
A pesar de que el presidente municipal afirmó haberse enterado del conflicto recientemente, los afectados aseguran que la situación persiste desde hace semanas y que, tras acudir a la Casa Ejidal, pudieron confirmar los polígonos afectados. Los manifestantes denuncian que la inmobiliaria ya oferta estos espacios en redes sociales y que representantes de la supuesta dueña han comenzado a realizar mediciones en áreas ocupadas.
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La tensión ha escalado al punto de que algunos residentes recibieron amenazas de desalojo en un plazo de cinco días, bajo la advertencia de que entraría maquinaria pesada a destruir sus hogares, argumentando que la constructora posee los documentos de propiedad y los permisos de construcción correspondientes.
Los habitantes del Barrio de San Miguel recalcaron que cuentan con títulos de propiedades vigentes y comprobantes de pago de servicios como agua, predial y energía eléctrica, lo que contradice la postura de la inmobiliaria.
Ante el temor de perder su patrimonio y tras reportar represalias contra quienes han colocado lonas de protesta, los vecinos exigen una investigación exhaustiva a los funcionarios de las áreas de Catastro y de Expedición de Licencias de Construcción del ayuntamiento de Zinacantepec para fincar responsabilidades.
La comunidad demanda claridad para determinar si existe colusión o actos de corrupción que permitieron la emisión de permisos sobre predios que ya tienen propietarios legales.
