Habitantes exigen libertad de Tomás Martínez tras acusar que fue víctima de un delito fabricado
*Fernanda Rodríguez*
Habitantes de la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, municipio de Nicolás Romero, se manifestaron este jueves frente a las instalaciones del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoMéx) en Toluca para exigir la liberación de Tomás Martínez Mandujano.
El objetivo de la movilización es agilizar el trámite de amnistía presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en favor del líder comunitario otomí, quien es considerado por su familia y defensores como un preso político.
Martínez Mandujano se encuentra recluido en el penal de Otumba Tepachico desde hace más de cuatro años, cumpliendo una sentencia de 43 años y nueve meses de prisión por el presunto homicidio de un Policía de Investigación (PDI), ocurrido el 20 de marzo de 2020.
No obstante, su detención en junio de 2022 ha sido señalada como arbitraria, ya que se realizó sin notificación previa y bajo un esquema de desaparición forzada temporal, pues su familia no fue informada de su paradero sino hasta tres días después.
La defensa y familiares del activista denuncian que el delito fue fabricado como represalia por su labor en la protección del territorio y los recursos hídricos frente a intereses de empresas inmobiliarias.
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Según los testimonios, Tomás fue sometido a tortura física y psicológica, además de amenazas contra los integrantes de su comunidad, para obligarlo a firmar confesiones de hechos que no cometió.
Durante el proceso judicial se reportaron graves violaciones al debido proceso, como la imposición de una defensa de oficio que lo dejó sin pruebas y la negación de acceso a la carpeta de investigación a su abogada particular.
Además de su labor como defensor de los derechos humanos y de territorio, Martínez Mandujano es reconocido en Llano Grande por combatir la marginalidad mediante la enseñanza de la albañilería y la organización social.
Los manifestantes sostienen que su encarcelamiento busca enviar un mensaje de intimidación a quienes defienden la identidad indígena y los recursos naturales en la región, por lo que exigen el cese a la criminalización y justicia para el líder otomí.
