viernes, noviembre 20, 2026
Municipios

Impulsa PVEM nueva ley contra el desperdicio y la carencia alimentaria en EdoMéx

*Redacción Diario Evolución*

Foto: Especial.

Con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y sostenible para más de 3 millones de mexiquenses que enfrentan carencias en este rubro, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso expedir la Ley de Soberanía Alimentaria y Sostenible del Estado de México y Municipios. Durante la presentación ante el Pleno del Congreso local, la diputada Gloria Vanessa Linares, subrayó que alcanzar la soberanía alimentaria exige eliminar a los intermediarios que reducen las ganancias del sector agrícola y asegurar que las y los productores comercialicen sus cosechas a precios justos.

Para atender de manera directa a la población en situación de vulnerabilidad, el proyecto instruye al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y a los sistemas municipales a promover y operar comedores comunitarios en localidades con mayores indicadores de pobreza. Asimismo, establece que la Secretaría de Bienestar diseñará programas de canastas alimentarias periódicas, diferenciadas por edad y compuestas preferentemente por alimentos frescos y no ultraprocesados, prohibiendo expresamente que su entrega sea condicionada a afiliaciones políticas, religiosas o de cualquier otra índole.

En el ámbito económico y productivo, la iniciativa obliga a las dependencias estatales y a los municipios a destinar al menos el 15 por ciento de sus adquisiciones anuales de alimentos a compras directas con pequeños y medianos productores locales, cooperativas y mujeres productoras, cuyo incumplimiento podrá ser observado por los órganos de fiscalización. Estos insumos abastecerán prioritariamente a hospitales, escuelas, comedores comunitarios y centros de atención. De forma complementaria, la Secretaría del Campo y los ayuntamientos fomentarán huertos familiares, escolares y comunitarios con prácticas agroecológicas, mientras el Estado mantendrá reservas estratégicas de granos básicos y semillas para enfrentar emergencias climáticas o sanitarias.

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Para evitar el desperdicio, el ordenamiento propone prohibir que comercios, unidades económicas e instituciones públicas desechen alimentos que, aunque no cumplan con requisitos comerciales, sigan siendo aptos para el consumo humano. En su lugar, supermercados y distribuidores deberán canalizar estos productos hacia comunidades de alta marginación bajo estrictos protocolos sanitarios, esquema que contará con incentivos del Poder Ejecutivo para las organizaciones y bancos de alimentos que participen en su recuperación y entrega.

La propuesta también plantea crear un Consejo Intersectorial Estatal —conformado por diversas secretarías estatales, el DIF, la academia, especialistas y la sociedad civil— encargado de coordinar y evaluar la política alimentaria, emitir informes anuales con datos abiertos y activar planes de respuesta rápida ante emergencias. Esta estructura se complementará con comités municipales para la vigilancia ciudadana, y el Ejecutivo estatal dispondrá de un plazo de 180 días naturales tras la entrada en vigor del decreto para instalar dicho Consejo y aprobar su reglamento.

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G.L.

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