Impulsa Rigoberto Vargas análisis sobre riesgos para menores en internet
Con el respaldo del diputado Rigoberto Vargas Cervantes (Morena), presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, se presentó en el Congreso mexiquense el informe internacional ‘Disrupting Harm en México’. Esta iniciativa busca visibilizar e investigar la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. El estudio deriva de un esfuerzo conjunto entre ECPAT International, INTERPOL, Unicef Innocenti y Unicef México, con el objetivo primordial de abrir un diálogo institucional para impulsar políticas públicas urgentes que protejan a las infancias y adolescencias en la entidad.
Durante el evento, diversas legisladoras locales compartieron datos alarmantes y llamados a la acción para combatir esta problemática. La parlamentaria María del Consuelo Estrada Plata (PT) exhortó al magisterio a colaborar activamente para fomentar la responsabilidad digital entre el estudiantado, tanto en las aulas como en los hogares. Por su parte, la diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) alertó sobre la existencia de antecedentes en el Estado de México que demuestran cómo las redes sociales y los videojuegos en línea son utilizados por agresores como mecanismos de captación e invitaciones directas hacia los menores.
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Al presentar los resultados, José Antonio Ruiz Hernández, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef, puntualizó que el abuso ocurre en ámbitos familiares, escolares y digitales, demostrando que ningún espacio ofrece protección total. La metodología del estudio incluyó un riguroso análisis legislativo y encuestas a adolescentes de entre 12 y 17 años en varios países de la región. Asimismo, detalló que el abuso es facilitado por tecnologías cotidianas como servicios de mensajería, almacenamiento en la nube, transmisiones en vivo e incluso herramientas de inteligencia artificial.
Entre las conclusiones más severas del informe destaca que el 13 por ciento de los menores sufrió alguna forma de abuso sexual digital durante el último año, lo que equivale a 1.6 millones de personas en el país; además, el 47 por ciento de las víctimas experimentó más de un incidente. Las modalidades más recurrentes detectadas fueron el envío de imágenes sexuales no deseadas, solicitudes de material íntimo y ofertas económicas a cambio de contenido sexual. Ante este panorama, un panel de especialistas estatales concluyó el encuentro analizando las medidas preventivas que se deben implementar de forma inmediata en los entornos sociales y educativos.
