María Guadalupe continúa en lucha para comprobar su inocencia ante delitos fabricados
*Fernanda Rodríguez*
María Guadalupe, una mujer de origen otomí de Temoaya, junto con su familia han luchado para comprobar su inocencia, después de haberle fabricado tres delitos por parte de su expareja al solicitarle el divorcio y pensión alimenticia.
Lupita, desde ese entonces ha sido víctima de violencia vicaria, tras ser acusada de feminicidio en grado tentativa, secuestro en contra de su expareja y por el supuesto abuso sexual de su hijo.
“El 11 de noviembre de 2021 solicité la pensión alimenticia y en enero de 2022 llegaron las denuncias con falsos testimonios por parte del padre de mis hijos con las que me privaron de mi libertad” aseguró Lupita.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió tres carpetas de investigación, una por tentativa de feminicidio, otra por abuso sexual contra uno de los menores y una más por secuestro, esta última que derivó en sentencia.
En las dos primeras fue absuelta, pero el proceso actual se fue a litigio.
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El proceso para la familia fue largo, pero se logró que fuera absuelta por el delito de abuso sexual, meses después también fue absuelta por el delito de feminicidio, mientras que para el delito de secuestro se realizó el proceso para audiencia intermedia.
A nada de obtener su libertad, Lupita durante más de dos años ha sido víctima de la violencia vicaria, una forma de agresión en la que los agresores utilizan los procesos judiciales para continuar el control y castigo hacia las mujeres.
Lupita es una mujer indígena que será sentenciada injustamente por un delito que no cometió.
La Fiscalía y el Poder Judicial del Edomex (PJEdoMéx) la condenan sin pruebas reales, sin traductor de su lengua materna y sin perspectiva de género.
Lupita enfrenta racismo, discriminación y violencia institucional, todo por ser mujer y ser indígena.
