MC presenta iniciativa para eliminar el registro de celulares y datos recopilados
*Redacción Diario Evolución*
Tras las severas críticas y el descontento social contra el registro obligatorio de telefonía móvil, ya que millones de ciudadanos y especialistas consideran que la medida es una violación directo a la privacidad, por exigir datos tan sensibles como la CURP y la identificación oficial que vulnera sus derechos fundamentales y los expone al peligroso riesgo de filtraciones masivas de información personal, el partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión para eliminar por completo el registro obligatorio de líneas celulares.
La propuesta, impulsada de manera digital por la senadora Alejandra Barrales, exige la derogación de los artículos correspondientes de la Ley de Telecomunicaciones y la destrucción inmediata de toda la base de datos recopilada. El partido naranja sostiene que la seguridad pública no debe basarse en el control de las garantías individuales de la gente, sino en labores de inteligencias policiales avanzadas y focalizadas.
A pesar de esto, el marco legal impuesto por las autoridades continúa vigente y bajo un estricto calendario de aplicación. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) extendió de forma extraordinaria el plazo definitivo de registro hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante un esquema escalonado basado en el último dígito del número celular. Las autoridades defienden la continuidad del padrón argumentando que es un requisito indispensable para combatir delitos de alto impacto como la extorsión telefónica y el secuestro.
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Cabe mencionar que, existen alrededor de 63 millones de líneas registradas, frente a un mercado que supera los 144 millones de líneas móviles activas en México. Al mismo tiempo, más de 10 mil personas han promovido amparos para impugnar la medida, mientras tribunales federales analizan recursos relacionados con la protección de datos personales y la legalidad del esquema.
Por lo que, ahora los usuarios de telefonía que se resistan a entregar sus datos, el panorama es restrictivo y bajo amenaza de quedar incomunicados. El reglamento vigente establece que cualquier línea no registrada antes de su fecha límite correspondiente sufrirá la suspensión total del servicio en un lapso de 72 horas, previo aviso por SMS. De este modo, la ciudadanía tiene que decidir si acatar la medida para no perder su comunicación o esperar a que la iniciativa de MC logre frenar la ley en el Congreso.
