jueves, diciembre 11, 2025
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México, entre los países más peligrosos para el activismo ambiental: CIDH

*Redacción Diario Evolución*

Foto: UDG

La situación de las personas defensoras del medio ambiente en México continúa siendo alarmante, ya que se enfrentan a desapariciones o son asesinadas, convirtiéndolo así en uno de los países más peligrosos para los activistas de este tipo, de acuerdo con el Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Brasil, Colombia, Honduras y México concentran el 85 por ciento de asesinatos a las personas defensoras del medio ambiente a nivel mundial, de acuerdo con Global Witness, en el 2023, donde se señala que la violencia contra estos grupos se encuentra relacionada con la expansión de modelos económicos extractivistas en la región, como las industrias minera y extractiva, agroindustria, tala y energía, aunque también se vincula con agentes estatales y el crimen organizado.

En el caso de México, la CIDH contabilizó que de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2019 y 2023 se contabilizaron al menos 102 agresiones letales en contra de personas defensoras del medio ambiente, además de puntualizar que para el 2023, 18 de estos activistas fueron asesinadas.

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Asimismo, entre 2006 y 2023, 93 personas defensoras de asuntos ambientales habrían sido víctimas de desaparición, de las cuales 39 continuarían sin ser localizadas, 36 se hallaron sin vida y sólo 18 han sido encontradas con vida, donde por lo general las concesiones mineras están relacionadas con más del 40 por ciento de los asesinatos de activistas que se oponían a esa actividad.

Indicó que uno de los casos más recientes, el de la desaparición del defensor ambiental Antonio Díaz Valencia, dio a conocer que en las zonas donde prevalecen megaproyectos que tienen inversión pública y extranjera sin que se haya realizado una consulta previa e informada con las comunidades, hay un incremento de amenazas y agresiones a personas defensoras del territorio y medio ambiente; así como en lugares donde hay concesiones mineras y alegan que empresas privadas nacionales y extranjeras han realizado acuerdos con el crimen organizado y con las autoridades concernidas.

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A.C.

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