Nombra Congreso a encargados de las contralorías del Trijaem y TEEM

La Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense designó a Nestor Alejandro Olguín Colín y a César Pérez Rubio como encargados de los despachos del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem) y de la Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), respectivamente.
Tras su nombramiento —a propuesta de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (Morena)—, ambos rindieron protesta de ley ante la Diputación Permanente presidida por la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (Morena).
De acuerdo con las iniciativas aprobadas, a las cuales dieron lectura los parlamentarios Vladimir Hernández Villegas y Octavio Martínez Vargas, los designados asumirán estos cargos al día siguiente de la publicación de los decretos relacionados en el Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’, hasta que la legislatura designe a las personas titulares, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la legislación secundaria de la entidad.
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En el caso de Nestor Olguín, el documento indica que su nombramiento obedece a que la actual persona titular, Everardo Camacho Rosales, concluye sus funciones el próximo 20 de agosto, por lo que Luis Eduardo Gómez García, presidente del Trijaem, solicitó al Congreso hacer esta designación a fin de dar continuidad a las labores de vigilancia, prevención, supervisión e inspección que deben ser observadas en el servicio público.
En atención a esta petición, la Jucopo determinó proponer la iniciativa ante la Diputación Permanente, a fin de garantizar la continuidad de sus funciones indispensables hasta que se realice la designación definitiva.
Respecto de César Pérez, la propuesta señala que Carolina Viridiana Rocha González, actual titular de la Contraloría, concluirá su gestión el próximo 19 de agosto. Por ello, el propio Tribunal solicitó a la Legislatura designar a una persona encargada del despacho, con el propósito de salvaguardar la regularidad institucional, evitar una parálisis administrativa y garantizar la continuidad de los mecanismos de control, así como impedir que la Contraloría quede sin conducción.
