Octavio Martínez busca frenar contratos leoninos en renta de oficinas públicas del EdoMéx
*Redacción Diario Evolución*
En un esfuerzo por transparentar los arrendamientos de inmuebles y proteger el uso responsable del presupuesto público, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México. La propuesta busca poner fin a las rentas excesivas pagadas por el Estado, a menudo sustentadas en avalúos poco claros o simulados y contratos leoninos que muchas veces alcanzan costos mayores 700 mil pesos mensuales.
La iniciativa plantea ordenar los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a oficinas públicas, con el objetivo de evitar que el gasto en rentas se convierta en una carga creciente para las finanzas públicas, reduciendo recursos que podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, seguridad, salud y servicios para la ciudadanía.
Martínez Vargas aclaró que la reforma no busca intervenir en el mercado inmobiliario privado, sino establecer reglas claras para que los gobiernos estatales y municipales contraten bajo principios de austeridad, transparencia, eficiencia y responsabilidad presupuestal. Entre los puntos centrales, se propone considerar no sólo el precio en los procesos de arrendamiento, sino también criterios de eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad, mantenimiento, seguridad estructural y condiciones que generen ahorros al gasto público.
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La iniciativa también contempla que las propuestas basadas en avalúos simulados o emitidos sin apego a criterios técnicos puedan ser desechadas y se dé vista a la instancia correspondiente para aplicar las sanciones administrativas necesarias. Además, busca impedir que personas físicas o empresas que incurran en sobreprecio, simulación de avalúos o incumplimiento de condiciones de seguridad y mantenimiento puedan contratar con el sector público.
Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario de Morena reafirma su compromiso con una administración pública austera, transparente y al servicio de la gente, donde cada peso del presupuesto tenga un destino útil, verificable y en beneficio del interés general.
