Octavio Martínez presenta nueva Ley Orgánica para democratizar la UAEMéx y fortalecer su autonomía
Con el propósito de impulsar una transformación democrática en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el diputado de morena, Octavio Martínez Vargas, propuso expedir una nueva Ley Orgánica que coloque a la comunidad universitaria en el centro de las decisiones, fortalezca su autonomía y modernice sus mecanismos de gobierno y participación.
La iniciativa, presentada ante la LXII Legislatura mexiquense, plantea reformar el artículo 5 de la Constitución estatal y adicionar disposiciones a la Ley de Educación del Estado de México, además de establecer un nuevo marco jurídico para la máxima casa de estudios de la entidad. Uno de los cambios más relevantes consiste en que la elección de la Rectoría y de las direcciones universitarias se realice mediante el voto libre, secreto y directo de estudiantes, personal académico y administrativo. La propuesta contempla un sistema de voto ponderado en el que cada sufragio estudiantil tenga un valor de dos, mientras que los votos del personal académico y administrativo se contabilicen con valor de uno.
Este mecanismo busca reconocer el papel fundamental de las y los estudiantes en la vida institucional y corregir las condiciones de subrepresentación que históricamente han limitado su participación en las decisiones universitarias. La propuesta también amplía la representación estudiantil y académica en el Consejo Universitario, incorpora la alternancia de género en la Rectoría y las direcciones, y establece criterios de paridad en la integración de los órganos colegiados.
En materia de transparencia, plantea fortalecer los mecanismos de fiscalización mediante auditorías internas y externas, informes públicos sobre el ejercicio de los recursos y un modelo de presupuesto participativo que permita a la comunidad intervenir en la definición de las prioridades de gasto.
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Asimismo, reconoce derechos como la libre asociación, la manifestación pacífica de ideas y la participación en los asuntos universitarios, además de fortalecer la Defensoría de los Derechos Universitarios y establecer medidas contra el acoso, el hostigamiento, la violencia de género y la discriminación. Otro de sus componentes es el avance hacia la gratuidad progresiva de la educación, con el objetivo de reducir las barreras económicas que dificultan el ingreso y la permanencia de las y los estudiantes, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la institución
La iniciativa establece que cualquier modificación a la legislación universitaria deberá someterse a una consulta previa, libre e informada, organizada por la propia Universidad, con la participación de su comunidad y sus órganos de gobierno, en pleno respeto a la autonomía reconocida constitucionalmente. Para ello, se contempla un plazo máximo de 180 días naturales para desarrollar el proceso de consulta, cuyos resultados deberán ser analizados por el Consejo Universitario y remitidos al Poder Legislativo mediante un dictamen fundado y motivado. Con esta propuesta, Octavio Martínez busca abrir paso a una nueva etapa de la vida universitaria, en la que la autonomía se ejerza con mayor democracia, responsabilidad pública, inclusión y participación colectiva.
