PAN propone 12 años de cárcel por encubrir desapariciones de personas en EdoMéx
*Redacción Diario Evolución*
El Grupo Parlamentario del PAN planteó incluir entre los supuestos de encubrimiento la acción de alterar, destruir u ocultar datos biométricos o cualquier otro dato identificativo para obstruir o dificultar las investigaciones de un delito, pero con agravantes que alcanzan hasta 12 años de prisión cuando se trate de la desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares.
Se refiere que en el Estado de México existen más de 14 mil 716 personas desaparecidas y no localizadas al corte del 19 de enero de 2026, cifra que representa el 11 por ciento a nivel nacional y coloca a la entidad en el primer sitio. En 2025, precisa, la entidad registró mil 766 casos de personas desaparecidas y no localizadas; de ellas, mil 126 son hombres y 639 mujeres, mientras que 204 son menores de nueve años, lo que representa el 11.5 por ciento.
Menciona a los municipios de Ecatepec con 219 casos, Nezahualcóyotl con 103, Toluca con 122, Chimalhuacán con 95, Naucalpan con 63 y Cuautitlán Izcalli con 62 casos como focos rojos, toda vez que, en su conjunto, representan el 38 por ciento del total; tras ello, los diputados del PAN, Joanna Alejandra Felipe Torres y Pablo Fernández de Cevallos González lamentaron que dicho crimen ha ocasionado que familiares a convertirse en peritos y realizar tareas de investigación y búsqueda, poniéndose en riesgo porque el Estado no ha sido eficiente.
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Por lo que, su iniciativa sostiene establecer en el Código Penal estatal una pena de tres años de prisión y de 30 a 150 días multa por la mencionada conducta, independientemente del delito; pero cuando se trate de desaparición de personas se impondrían de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa. Aumenta la pena hasta 12 años si el delito fuera cometido por personas servidoras públicas de las instituciones de seguridad pública o de administración de justicia.
El documento también pretende reformar la Ley de Víctimas estatal, a efecto de ampliar los derechos de familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima para que conozcan la verdad y reciban información específica de los hechos relacionados con personas desaparecidas, ausentes, no localizadas o extraviadas, referente a datos biométricos o cualquier otro dato identificativo que tengan a su cargo las autoridades o particulares.
