Plan de Sheinbaum para frenar piratería busca hasta 10 años de cárcel y multas millonarias
*Redacción Diario Evolución*
El nuevo plan para frenar la piratería en México viene con castigos que prometen penas de 4 a 10 años de cárcel de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este castigo se aplicará directamente a quienes vendan copias ilegales de libros, música, películas o ropa en tianguis, mercados, puestos callejeros o internet. Además, comercializar de forma ilícita los libros de texto gratuitos de la SEP ahora se castigará con hasta 7 años de prisión.
Para los grandes productores y distribuidores de marcas clonadas, el golpe económico será brutal, con multas que alcanzarán los 29.33 millones de pesos. El objetivo de estas sanciones financieras tan elevadas es que fabricar y vender piratería deje de ser un negocio rentable. Las autoridades buscan desmantelar por completo las ganancias de las redes que inundan las calles con productos falsificados.
En el mundo digital, los castigos también serán drásticos: los usuarios que descarguen o compartan material ilegal repetidamente se quedarán sin internet de forma definitiva. Las compañías que proveen el servicio estarán obligadas a cortarles la conexión a los reincidentes. Además, se aplicarán multas de hasta 4.6 millones de pesos a quienes utilicen programas de computadora, música o videos sin pagar los derechos correspondientes.
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Las plataformas de internet y las empresas de telecomunicaciones que no borren rápido el contenido pirata se convertirán en cómplices y recibirán multas millonarias. Ya no podrán argumentar que “no sabían” lo que sus usuarios subían, por lo que tendrán que vigilar mejor su espacio para evitar ser penalizadas. El Congreso ya analiza estas reformas que prometen cambiar por completo las reglas del juego contra la piratería.
Esta medida surge luego de la realización de la Copa del Mundo en territorio nacional que desató una explosión en la venta de camisetas clonadas, productos falsos y transmisiones ilegales por internet. Para proteger los derechos multimillonarios de la FIFA y sus patrocinadores oficiales, las autoridades requirieron de inmediato herramientas legales más agresivas para limpiar el entorno de los estadios y las plataformas de streaming.
