Presenta 87 solicitudes de amnistía ante el Congreso del EdoMéx al denunciar fabricación de delitos
*Fernanda Rodríguez*

El colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. (PIDH), organización que durante los últimos seis años y 10 meses ha encabezado la defensa de personas inocentes privadas de la libertad, presentó ante la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía (CSCA) de la LXII Legislatura del Estado de México un paquete de 87 solicitudes de amnistía, al tiempo que denunció el fracaso estructural del Sistema de Justicia Penal, Adversarial y Oral (SJPAO) y la fabricación sistemática de delitos de alto impacto en la entidad.
De acuerdo con el desglose entregado por su fundador José Humbertus Pérez Espinoza, dijo que los 87 expedientes corresponden a 37 casos por homicidio, 15 por secuestro, 13 por violación, 10 por robo de vehículo automotor, nueve por extorsión y cinco por diversos robos. Para facilitar su revisión por parte de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, presidida por la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O, así como por un grupo de especialistas, cada solicitud está acompañada de una base de datos almacenada en dos unidades USB con un número consecutivo asignado.
La organización, encabezada por su presidenta Beda Sarmiento Gutiérrez y su fundador José Humbertus Pérez Espinoza, señaló que las fiscalías especializadas omitieron aplicar los protocolos de investigación en los delitos mencionados. Según indico el activista, esta carencia provoca que, a lo largo de los procesos judiciales en el SJPAO, las instancias de procuración de justicia presenten únicamente pruebas testimoniales o imputaciones directas sin mayor respaldo probatorio, derivando en sentencias condenatorias de largos años de prisión contra personas que no cometieron los ilícitos.
Asimismo, destacó que en el 70 por ciento de las solicitudes presentadas las detenciones se realizaron bajo el argumento de supuesta flagrancia y no mediante órdenes de aprehensión previas, lo que, a su juicio, confirma detenciones ilegales y arbitrarias orientadas a fabricar culpables ante la falta de investigación inicial y complementaria, así como por la ausencia de los operadores de justicia.
En su posicionamiento, el colectivo cuestionó la operación de la plataforma digital de la CSCA presentada el pasado 30 de octubre, al señalar que no se dieron a conocer los lineamientos ni la forma concreta en que participarán personas expertas cuando la naturaleza de los asuntos lo amerite.
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De igual forma, criticó que en el video explicativo de dicha plataforma una de las ponentes afirmara que el Poder Legislativo no otorgará amnistías, lo cual consideraron una invasión de atribuciones por parte del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) respecto a una facultad constitucional del Congreso local, advirtiendo que las resoluciones emitidas únicamente por órganos jurisdiccionales resultarían inconstitucionales.
Para sustentar cada una de las 87 peticiones, el activista integró nueve pruebas derivadas de controversias ganadas ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Poder Legislativo y el propio PJEM.
En este contexto, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda la conformación temporal de grupos de expertos independientes, con alto nivel técnico, autonomía y trayectoria en derechos humanos, medicina forense o derecho penal, para investigar violaciones graves, coadyuvar en la interpretación normativa y garantizar el acceso a la justicia.
Finalmente, el organismo, cuyo pronunciamiento también fue suscrito por María Julihet Ramírez Arreola, secretaria, y las coordinadoras Ariadna Berenice Carballo y Gabriela Flores Salazar, advirtió que, si el grupo de expertos del Poder Legislativo mexiquense omite analizar, estudiar y resolver las solicitudes entregadas, promoverán juicios de amparo indirecto contra la inconstitucionalidad de las resoluciones que emita el Poder Judicial estatal.

