Propone PAN que el Estado vele por el interés superior de la familia
Los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, coordinador e integrante de la bancada del PAN, plantearon que el Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará por el principio del interés superior de la familia por lo que expedirá leyes, normas e implementará programas y políticas públicas con perspectiva de familia.
La iniciativa para reformar la constitución local, complementaría el mandato referente a la igualdad ante la ley entre hombre y mujer, para garantizar el desarrollo pleno, así como la protección de la familia y sus miembros como base fundamental de la sociedad.
Asimismo, se propone modificar la Ley de Planeación estatal, para que el concepto de perspectiva de familia sea entendido como una categoría de análisis que considera a la familia como unidad social, y que busca evaluar cómo las políticas públicas la afectan y cuál es su papel. Esta perspectiva será transversal, integral e integradora basada en la inviolabilidad de la intimidad familiar, así como en el papel subsidiario del Estado y de los demás actores con respecto a ella.
La propuesta puntualiza que la persona titular del Ejecutivo estatal deberá determinar las bases para promover el fortalecimiento y protección de la familia y la incorporación de la perspectiva de familia en la Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios.
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Así como que los ayuntamientos tendrán que incorporar la perspectiva de familia en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.
Se plantea que la ley regule y vigile el impacto de la Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios en las familias, para que se sustente en su interés superior, garantizando su bienestar.
El documento añade que las personas titulares de las dependencias, entidades y servidoras públicas serán responsables de que los programas se ejecuten con oportunidad y eficiencia, de evaluar el cumplimiento de los objetivos, así como la mejora de los indicadores que faciliten el diagnóstico del impacto que tienen los programas en las familias.
Finalmente, puntualiza que los convenios que celebre el Poder Ejecutivo estatal para ejecutar programas y acciones en la entidad deberán asegurar el bienestar de las familias.
