Sector joyero acusa de extorsión al GEM por cobro de permiso de 30 mil pesos para operar
*Fernanda Rodríguez*
Integrantes del sector joyero del Estado de México manifestaron su preocupación ante la aplicación de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno mexiquense, al señalar que se les pretende exigir el cumplimiento de requisitos como si fueran comercializadoras o casas de empeño, además del pago anual de 30 mil pesos, situación que consideran injusta y que ha derivado en presuntos actos de hostigamiento y amedrentamiento por parte de personal de la dependencia estatal.
Durante una reunión encabezada por James Edward Marín Noriega, presidente del Patronato Pro Centro Histórico, comerciantes y representantes del gremio expusieron que no se oponen a la regulación ni a la fiscalización de las autoridades, sin embargo, denunciaron que los requisitos solicitados son excesivos y no corresponden a la realidad de los pequeños negocios dedicados a la venta de joyería.
Por su parte, José Antonio Martínez García, representante de la Unión de Joyeros del Estado de México, hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para intervenir en favor del gremio, al asegurar que cientos de familias dependen de esta actividad comercial. Explicó que desde noviembre del año pasado servidores públicos de la Secretaría de Finanzas han realizado acciones presuntamente sin contar con un padrón actualizado de comerciantes establecidos y recabando datos considerados delicados.
“Somos gente trabajadora y cumplida, contamos con autorización del Ayuntamiento de Toluca y pagamos nuestros impuestos. Estamos luchando contra el alza de precios y la inflación, y ahora quieren imponer un nuevo permiso o impuesto de 30 mil pesos anuales”, expresó Martínez García.
Detalló que durante el fin de semana autoridades instalaron un módulo informativo para notificar sobre nuevos lineamientos y permisos, situación que generó incertidumbre entre los comerciantes, quienes consideraron el procedimiento como un acto de extorsión que, aunque se justifica en la ley, no corresponde con el giro del sector joyero.
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Comerciantes señalaron que el cobro de dicho permiso representa un golpe severo para un sector que ya enfrenta disminución en las ventas y baja afluencia de clientes, y afirmaron que ante las amedrentaciones algunos optan por cumplir con los pagos para evitar el cierre de negocios y la pérdida de empleos e ingresos para sus familias.
Indicaron además que muchos establecimientos cuentan con años operando de manera formal y advirtieron que continuar con este tipo de medidas podría empujar a diversos negocios hacia la informalidad. “Dejen de perseguirnos y acosarnos”, reclamaron durante el encuentro, donde insistieron en que abrir y mantener un negocio en las condiciones económicas actuales ya representa un desafío considerable, por lo que la imposición de nuevos pagos pondría en riesgo su permanencia.
Al respecto, Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, advirtió que existe preocupación por la forma en que se está aplicando la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, pues consideró que las acciones emprendidas por la autoridad podrían vulnerar principios constitucionales relacionados con la seguridad jurídica y la legalidad.
Explicó que las cartas invitación enviadas a los comerciantes contienen referencias a artículos de la ley, particularmente el 126, 128 y 62, enfocados en comercializadoras y casas de empeño, cuando las joyerías corresponden a pequeños negocios familiares. Señaló además que dichos documentos han sido emitidos bajo un tono que calificó como amenazante y contrario al principio de buena fe.
El dirigente de CANACO SERVYTUR Valle de Toluca afirmó que el sector no está en contra de ser fiscalizado, pero sí exige claridad sobre los requisitos y fundamentos legales de las medidas implementadas por la autoridad. Añadió que actualmente preparan una respuesta jurídica para evitar que las joyerías sean encasilladas en actividades que no corresponden a su giro comercial.
En tanto, Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM.), se sumó a la petición para que las autoridades sean específicas al considerar a las Pymes comercializadoras, pues advirtió que de aplicarse este criterio otros sectores como estacionamientos, papelerías, carnicerías y restaurantes también podrían verse afectados.
Finalmente, estimó que en el Estado de México existen alrededor de 2 mil 500 joyerías al menudeo y que esta iniciativa podría poner en riesgo cerca de 15 mil fuentes de empleo.
