Servidores de Chapa de Mota denuncian a alcaldesa por desvío millonario y violencia política
*Fernanda Rodríguez*
El síndico municipal Antonio García Pérez y la primera regidora María del Rosario Franco Barrera, ambos del Ayuntamiento de Chapa de Mota, anunciaron la presentación de un paquete de nueve denuncias administrativas y la solicitud formal de una auditoría especial ante las instancias estatales.
Los señalamientos principales apuntan a la alcaldesa María Guadalupe Franco Cruz y a su entorno cercano, tras detectarse un presunto daño patrimonial por un monto exacto de un millón 480 mil 584 pesos. Este desvío se sustenta en 184 movimientos bancarios identificados en los informes de dispersión de nómina, obtenidos tras una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), los cuales beneficiaron a ocho personas con vínculos de parentesco y afinidad con la edila.
Las acciones legales fueron remitidas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a la Contraloría del Poder Legislativo y a la diputada Arlet Estefanía Grimaldo Osorio, presidenta de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, exigiendo auditar la nómina de los ejercicios 2025 y el periodo abril-junio de 2026.
A nivel local y legislativo se promovieron en la Contraloría Interna Municipal tres denuncias contra la tesorera municipal y una contra el secretario del Ayuntamiento, así como en el Congreso Estatal, cuatro procedimientos contra la alcaldesa y uno contra su esposo, José Luis García Guzmán, presidente honorífico del DIF Municipal.
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En el plano judicial, el TEEM ya acreditó la obstrucción sistemática del cargo del síndico en diversos expedientes acumulados (JDSL/23/2025, JDSL/24/2025, JDCL/25/2025, JDSL/321/2025 y JCL/41/2026), derivando en amonestaciones públicas a la alcaldesa y a la tesorera.
En conferencia de prensa realizada en Toluca, informaron que una reciente resolución confirmó que la administración cargó al presupuesto de la sindicatura el sueldo del titular del área jurídica, sin que este prestara servicios en dicha área.
Por su parte, la primera regidora, María del Rosario Franco Barrera, representante de una comunidad indígena, denunció una escalada de violencia política en razón de género e intimidaciones tras votar en contra del proyecto de presupuesto.
Entre los hechos documentados ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) desde el 18 de julio, destacan, bloqueos físicos mediante el cambio injustificado de la chapa de su oficina el 14 de febrero para privarla de acceso, impidiendo la realización de una jornada comunitaria de salud programada para el 18 de marzo.
Agresiones verbales como descalificaciones directas por parte del titular del DIF, con frases como “no sirves para regidora, mejor vete a tu casa”, sumadas a descalificaciones cotidianas en el palacio municipal.
Ante este panorama, la regidora solicitó la destitución inmediata del presidente honorífico del DIF y la revisión de las medidas cautelares por parte del IEEM. Ambos servidores públicos recalcaron que estas acciones legales no responden a tintes políticos, sino a hechos respaldados en expedientes oficiales para garantizar la legalidad en Chapa de Mota.
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