Con 28 mil embarazos adolescentes en EdoMéx es necesario fortalecer la prevención: Jennifer González
Ante la alarmante cifra de 28 mil partos anuales entre adolescentes en el Estado de México, la diputada, Jennifer González, presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la Cámara de Diputados estatal, propuso un complemento normativo para fortalecer la prevención del embarazo en jóvenes. La iniciativa, presentada como parte del proyecto de Ley de Salud del Estado de México, busca integrar acciones de promoción, educación y prevención del embarazo en las políticas públicas del sistema estatal de salud.
El proyecto enfatiza la necesidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales con diversas dependencias del gobierno mexiquense para mejorar la educación sexual, la orientación sobre derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, adolescentes y jóvenes. A pesar de los programas existentes, el embarazo adolescente sigue representando un desafío social y económico significativo, afectando la educación, los ingresos y la participación laboral, además de generar costos adicionales para el Estado.
Según datos del INEGI, el Estado de México registra un promedio de 78 nacimientos diarios de madres adolescentes, lo que subraya la urgencia de la propuesta. Entre las acciones contempladas se encuentran el fomento de políticas de igualdad de género, no discriminación e inclusión de grupos prioritarios, garantizando el acceso a información, educación y servicios integrales en salud sexual y reproductiva.
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La diputada morenista también propuso campañas permanentes de educación y sensibilización para niñas, niños y adolescentes sobre derechos sexuales y reproductivos, ejercicio responsable de la sexualidad y prevención de infecciones de transmisión sexual. Además, se busca promover la salud sexual a través de programas integrales que permitan el ejercicio pleno de la salud sexual de la población.
La propuesta incluye la protección integral contra la violencia sexual, coacción o vulneración de derechos que puedan derivar en embarazo infantil o adolescente, mediante acciones coordinadas entre salud, educación, seguridad, procuración de justicia, protección social y desarrollo comunitario, con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad.
Jennifer González destacó la importancia de que los servicios de planificación familiar sean gratuitos en las instituciones de salud pública, sin importar la edad o el sexo. Asimismo, se promoverá la educación integral en sexualidad en comunidades indígenas y afromexicanas, urbanas y rurales, a través de las instituciones de salud, educativas, autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, los servicios de planificación familiar en los sectores público, privado y social deberán incluir actividades de promoción, difusión, educación, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos, así como diagnóstico de infertilidad y esterilidad. Se buscará coordinar acciones con instituciones educativas, autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el acceso a servicios de orientación y atención especializada.
