Artículo 19 advierte riesgo a la libertad de expresión por exhibición de críticos del gobierno
*Redacción Diario Evolución*
Luego que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentara una lista de comunicadores, medios de comunicación, políticos y más que critican al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización civil Artículo 19 externó su preocupación no solo por esta situación ya que se puede estigmatizar la labor periodística, sino también por el “Derecho de Réplica”, debido hay un riesgo de que el Estado mexicano utilice los recursos y plataformas oficiales para monitorear y calificar la conversación pública en las redes sociales, lo cual representa un riesgo para la libertad de expresión.
Respecto a la lista que se dio a conocer el pasado 13 de agosto, dijo que puede incitar a un clima de hostilidad e tolerancia hacia el gremio, además de puede provocar que las personas se abstengan de participar en el debate público, por miedo a ser ilegítimamente exhibidas y asediadas desde la tribuna pública.
También indicó que cuando se utilizan los espacios de las conferencias matutinas de Presidencia para señalar a los periodistas, hay un impacto mayor en las redes sociales, provocando o hostigamientos, intimidaciones e inclusive amenazas, los cuales se han incrementado en las últimas 48 horas desde que se publicaron las listas contra periodistas y medios mencionados.
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Advirtió que este análisis de la supuesta “red de amplificación digital” no solo contraviene los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información, sino que plantea cuestionamientos sobre la constitucionalidad del uso de recursos públicos y las funciones que el Estado mexicano se atribuye.
Señaló que si bien el espacio “Derecho de Réplica” se ha presentado para combatir la desinformación, en realidad el Estado no debe combatir la desinformación mediante censura o prohibiciones vagas, sino a través de la transparencia, el acceso a información plural, y el fortalecimiento del debate público.
Manifestó que el monitoreo del discurso público por parte del Estado, con el propósito de calificar o desacreditar información, es contrario a la garantía y protección de la libertad de expresión, ya que implica utilizar recursos y capacidades institucionales para seleccionar, clasificar y señalar a medios de comunicación y periodistas cuyos contenidos o posiciones resultan críticos o incómodos para el gobierno.
