Ante delitos ambientales: penas ejemplares para reparar el daño

Foto: Especial.

Los estados deben adoptar un marco jurídico que permita frenar los delitos cometidos contra el ambiente y sentar las bases para la perpetuidad de la especie, así como generar condiciones climatológicas, a fin de alcanzar una mejor calidad de vida y distribución de los recursos naturales, indicó la consejera de la Judicatura del Estado de México, Edna Edith Escalante Ramírez.

La jueza penal participó en el Primer Seminario Internacional sobre Justicia Ambiental. Retos y oportunidades desde la educación para fortalecer el combate al crimen organizado y promover la cultura de la legalidad, coordinado por la Escuela Libre de Derecho, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Escalante Ramírez expresó que fortalecer el sistema de justicia ambiental, implica la adecuación de la ley a protocolos y normas internacionales que permitan medir el impacto causado, para que la imposición de la pena por la comisión de los delitos no solo sea ejemplar sino también contribuya a la reparación del ambiente.

En el panel “La importancia de la justicia ambiental en la impartición y procuración de justicia” moderado por Miriam Rubio, analista del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques UNODC México, señaló que el Código Penal del estado contempla tres tipos de delitos: contra el medio ambiente, contra la flora y fauna silvestre, y el de maltrato ambiental, cuyas penas van de dos a ocho años de prisión.

Fundamental interpretación con perspectiva de género en conflictos de protección al ambiente:

En este Seminario participó Luz María Lemus Campuzano, titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del PJEdoMéx, quien señaló que es fundamental una interpretación con perspectiva de género en conflictos de protección al medio ambiente, donde las comunidades y pueblos originarios se ven involucrados.

Así como la realización de políticas públicas sustentables en las que se tomen en cuenta indicadores como la división del trabajo, las responsabilidades, las opiniones de grupos vulnerables y el rompimiento con roles y estereotipos.

En el panel “Respeto a la diversidad e inclusión de la perspectiva de género”, Lemus Campuzano apuntó que a pesar de que la perspectiva de género es considerada ajena a la materia ambiental, la transversalización y el principio de interseccionalidad (que reconoce las desigualdades de diferentes actores sociales) obligan a abordarla desde esta esfera.

En este encuentro participaron, además: Dolores Barrientos, representante PNUMA en México, Blanca Alicia Mendoza Vera, procuradora federal de Protección al Ambiente, Marco Del Toral, gerente de programa Punto Focal en México y Alterno para América Latina del Programa Global para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, UNODC, Ligia González Lozano, vocal de la Junta Directiva la Escuela Libre de Derecho y Mariela González García, también del PJEdoMéx.

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