ASF audita el pasado del INE y olvida el presente de Taddei
*Redacción Diario Evolución*
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer las tres líneas de trabajo en torno a la revisión de 25 años de adquisiciones de las autoridades electorales del país, como los órganos públicos electorales (OPLEs), así como del Instituto Nacional Electoral y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), cuya investigación abarcará el periodo de 2000 a 2025, con lo que se olvida de los dos últimos años de Guadalupe Taddei, quien fuera consejera presidenta de 2023 y 2026, periodo en el que se encontraron también irregularidades.
Mediante un comunicado, informaron que tanto los trabajos de inteligencia que han realizado, como el análisis de la información requerida a las entidades federativas, advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público vinculado con los OPLEs, INE e IFE a lo largo de 25 años.
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El estudio de la ASF se realizará con el fin de identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de recursos públicos en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos que estaban al tanto de los OPLES, IFE e INE que se suscitaron por 25 años, luego que se advirtieron diversas irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público de estas autoridades electorales.
La ASF informó que las tres principales líneas de trabajo que se encuentran en desarrollo son: una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas, un estudio histórico de las adquisiciones realizadas durante los últimos 25 años y una auditoría integral al INE, así como a la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs.
Las investigaciones anunciadas por la ASF también se producen después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera revisar las contrataciones del INE y determinar si existen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). La mandataria sostuvo que corresponde a la Auditoría Superior determinar, a partir de los resultados de sus revisiones, si existen elementos para iniciar procedimientos penales o administrativos contra quienes resulten responsables.
