Buscan hasta 22 años de cárcel para quien dé falsos testimonios contra docentes
*Redacción Diario Evolución*
A fin de disuadir la presentación de denuncias falsas en relación a los maestros que en muchas ocasiones se enfrentan a falsos testimonios por parte de los alumnos o incluso de padres de familia, en la Legislatura mexiquense se planteó que el falso testimonio en contra de personal docente en el ejercicio de sus funciones se pague con hasta 22 años y seis meses de cárcel, mientras que en caso de una denuncia falsa sea hasta 12 años de cárcel.
Esta iniciativa que busca reformar al Código Penalestatal fue presentada por la diputada Brenda Colette Miranda,quien señaló que tras sostener un diálogo y reuniones con maestras y maestros pudo reunir testimonios de cómo las denuncias falsas han llegado a truncar trayectorias profesionales y proyectos de vida, motivo por el cual los legisladores tienen el deber de actuar con responsabilidad para defender la verdad, fortalecer las instituciones y proteger a quienes educan al pueblo.
Por ello, se plantea que en el caso del delito de falso testimonio, cuya pena actualmente es de dos a seis años de prisión y de 30 a 750 días multa, el agravante de hasta una mitad para sumar nueve años de cárcel cuando se cometa en contra de personal docente en ejercicio de sus funciones.
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Sin embargo, al indicarse que la legislación vigente considera que si el testigo falta a la verdad en relación con el hecho que se trata de investigar, ya sea afirmando, negando u ocultando la existencia de algunacircunstancia que pueda servir de prueba sobre la verdad o falsedad del hecho principal o que aumente o disminuya la gravedad, se aplique una pena de tres a 15 años de prisión y de 100 a 500 días multa para la persona testigo cuando a la persona imputada se le haya impuesto una pena mayor de tres años de prisión y el testimonio falso haya servido de base para la condena. Por lo tanto, de aplicarse la agravante por tratarse de personal docente en ejercicio de sus funciones, sumarían hasta 22 años y seis meses de prisión.
También se plantea que a quien impute falsamente a otro un hecho considerado como delito, si esta imputación se hiciera ante una persona servidora pública que, por razón de su cargo, empleo o comisión, deba proceder a la investigación del mismo, se le impondrían de dos a ocho años de prisión y hasta mil días multa por concepto de reparación del daño, la cual consistiría en una indemnización por concepto de daño moral y la publicación de la sentencia absolutoria en los medios digitales personales del sujeto activo, en un medio de comunicación de carácter estatal y en el medio oficial del órgano jurisdiccional que haya conocido del asunto.
La legisladora subrayó que si bien denunciar es un derecho fundamental, el hacerlo con falsedad constituye una grave distorsión de la justicia, además de que las denuncias falsas no solo vulneran la presunción de inocencia, sino que provocan consecuencias profundas en la vida profesional, personal y social de quienes las padecen y en el caso de los docentes, el impacto es mayor porque su labor se sustenta en la confianza, la integridad y el vínculo directo con niñas, niños y adolescentes.
A.C.
