Consultar a pueblos indígenas sobre proyectos de obras que afecten la naturaleza: Anaís Burgos
A fin de establecer que las autoridades y los particulares deben someter a consulta los proyectos e iniciativas de obras que impacten en los recursos naturales de las zonas indígenas, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó al Pleno de la 60 Legislatura una iniciativa por la que se reforma la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.
Esa consulta deberá ser, de acuerdo con la propuesta, “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a las comunidades indígenas”, principios que deberán considerarse también en consultas respecto de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente o bien en las relacionadas con indemnizaciones por el reacomodo o desplazamiento de una comunidad indígena por causa de utilidad pública.
En la lectura de su propuesta, la legisladora precisó que la correcta interpretación y aplicación de los criterios de “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada” relacionados con los procesos de consulta es fundamental, ya que responden a una lógica de consenso y anuencia de los pueblos y comunidades indígenas, además de que reforzarán, a nivel local, las consultas establecidas por el Ejecutivo federal.
Al explicar el contexto de su propuesta, la legisladora señaló que la reforma es necesaria porque las consultas actuales no son vinculantes con los proyectos del Estado, de ahí que deba garantizarse a los pueblos indígenas su derecho a ser consultados y a participar en la toma de decisiones sobre proyectos que impacten en su vida diaria, sus costumbres y su entorno.
El documento establece que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las demandas en materia de derechos indígenas persisten ante la ejecución de proyectos de desarrollo ajenos a sus culturas y basados en la explotación de sus recursos naturales, tales como la adjudicación de tierras para la construcción de plantas hidroeléctricas, la explotación minera, la de recursos acuíferos y la del turismo.
También subrayó la necesidad de fortalecer la legislación relativa a los pueblos originarios en razón de que, según la última actualización de los datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2010 el Estado de México registró 379 mil 75 habitantes de tres años y más que son hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales 222 mil 394 corresponden a los pueblos originarios de la entidad: mazahua, otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca.
La iniciativa que reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 9, la fracción II del artículo 48 y el artículo 52 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México fue remitida a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y De Asuntos Indígenas, para su análisis y dictamen.
Exentar pago de licencia de construcción en zonas de alta marginación, proponen diputados del PT
A fin de eximir del pago de licencia de construcción a pueblos originarios, ejidos y/o zonas que sean consideradas de alta marginación, la diputada Imelda López Montiel, integrante del Grupo Parlamentario del PT, presentó una propuesta para reformar el Código Administrativo del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
La diputada explicó que su propuesta busca contribuir a que en el Estado de México no haya regazo habitacional y se identifiquen las desigualdades en cuanto a la disponibilidad de equipamiento, infraestructura básica y acceso a los servicios.
Señaló que de acuerdo con la metodología oficial de medición de la pobreza, el indicador de acceso a servicios básicos en la vivienda debe considerar si se cumple con lo establecido en las disposiciones aplicables.
Imelda Montiel señaló que conocer el estado de la pobreza en México permite a los gobiernos federal, estatales y municipales identificar las áreas en las que se requiere redoblar esfuerzos institucionales, así como las regiones donde es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad económica o social.
Precisó que el derecho a la vivienda implica que ésta sea digna y emplazada en un espacio adecuado en términos de asentamientos humanos sustentables, es decir, que cuente con la infraestructura básica y que esté próxima a la fuente de empleo y a los espacios en donde las personas realizan sus actividades cotidianas.
La iniciativa por la que se adiciona la fracción XXVI al artículo 5.10, recorriéndose el subsecuente del Código Administrativo del Estado de México, así como un cuarto párrafo a la fracción I del artículo 144 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, fue remitida a las comisiones legislativas de Finanzas Públicas, Planeación y Gasto Público y Para la Atención de Grupos Vulnerables, donde será analizada y dictaminada.
