CUESTIONAN DIPUTADOS AL PROCURADOR ACERCA DE TLATLAYA Y PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Alberto Dzib
Aunque ha habido avances en materia de procuración de justicia, éstos no son suficientes, afirmó el procurador de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, último miembro del gabinete de Eruviel Ávila Villegas que compareció en el marco de la glosa del cuarto informe de actividades ante las comisiones legislativas unidas de Procuración y Administración de Justicia y Seguridad Pública y Tránsito.
En la primera intervención, el funcionario desarrolló los 10 ejes con los que la PGJEM ha fungido sus funciones y destacó que hasta agosto de éste año, la entidad fue ubicada en el lugar 14 de incidencia delictiva en el país de acuerdo con el Sistema de Seguridad Pública Nacional que da cuenta de una disminución del 17.41% en los hechos delictivos; 12.63% en decremento de los de alto impacto y más del 17% en los que dañan al patrimonio de los habitantes.
Las principales interrogantes al encargado de la procuración de justicia estatal, estuvieron constituidas en primer lugar con la solicitud por parte de Carlos Sánchez Sánchez en representación del PT, sobre el detalle de lo que ocurrió en el Caso Tlatlaya.
A ello, Alejandro Gómez, indicó que por ser materia de un proceso penal que se lleva en el fuero civil del ámbito federal, la cuenta que él podría rendir es acerca del actuar de los agentes del ministerio público estatal que participaron en el hecho, por lo que comentó, 7 elementos han sido procesados penalmente por los delitos de tortura, de los cuales 1 fue vinculado por abuso de autoridad.
Subrayó que la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya ha sido atendida con el desarrollo de cursos a 675 servidores públicos, atención a víctimas por medio de becas, apoyo psicológico y labor social.
Estableció además que “Cualquier muerte es lamentable”, pero con las investigaciones hechas hasta el momento se presume que efectivamente las 22 personas abatidas en el caso, pertenecían a una organización delictiva.
Por otro lado, el diputado del PAN, Víctor Gálvez Astorga, hizo referencia a que la entidad ocupa el peor lugar en cuanto a la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, pues el 90.3% de los mexiquenses expresan desconfianza en éste sentido.
A ello el procurador de justicia, comprometió para la reducción de éstas cifras, la implementación de más módulos de denuncia exprés en los municipios, así como la facilidad de denunciar vía internet o mediante una aplicación móvil que funcionaría en próximas fechas.
A nombre del grupo parlamentario del PRD, Juana Bonilla Jaime, cuestionó que el 20% de las quejas que recibe anualmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, sean hacia la dependencia de procuración de justicia y preguntó además el índice de rezago en la resolución se carpetas de investigación que contempla la dependencia.
Gómez Sánchez, argumentó que en total han sido 1528 quejas en contra de la PGJEM, pero sólo 4 se han elevado a recomendación, aseveró que en toda la administración, las recomendaciones de la comisión de derechos estatal y nacional han sido 13, mismas que llevan “más o menos” un avance dijo, principalmente en la impartición de cursos al personal.
Y aunque no pudo dar detalle del rezago en la resolución de las carpetas, destacó que antes de que se implementara el sistema de justicia penal acusatorio, había 1 millón 600 mil averiguaciones previas con rezago, pero tras integrar ésta forma de operación, hoy se tiene registro de 49 mil de ellas sin desarrollar.
