EdoMéx tercer lugar en detenciones arbitrarias con tortura

Luis Durán.

Estadísticas del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) revelan que en Estado de México ocurrieron el 8.16% de casos de detención con tortura en el país, en 2017, siendo la tercera entidad en el rubro, en todo el país.

De acuerdo con cifras del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en su texto “Análisis sobre los patrones usados en México y los impactos en los sobrevivientes de tortura”, publicado en este año, en Toluca de Lerdo, Estado de México, ocurrieron el 8.16% de casos de detención con tortura en el país, siendo la tercera entidad en el rubro, por debajo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 22.45% y Tlaxcala, con 16.33%.

Todo comienza con una detención arbitraria, el cual ocurre en el 100 por ciento de los casos, teniendo la vía pública como la opción preferente, seguida por el domicilio; quienes realizan la detención son personas que el 40.82% portan uniforme con identificación, 34.69% visten de civil y un 16.33% usan uniforme, pero sin identificación.

Quiénes son los que realizan las detenciones; menciona el CCTI que, principalmente, es la Policía Estatal (42%), seguido por la PGJ (22%), después la Policía Preventiva y el Ejercito, entro otros; teniendo a los hombres como preferentes en este tipo de detenciones, siendo un 78 por ciento y sólo un 22 por ciento mujeres, que van de los 19 a 31 años en el rango de edad de los afectados.

El modus operandi se realiza a través de los siguientes pasos: detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, ejecución extra oficial e impunidad; violando así todos los derechos humanos de las personas, ya que en la mayoría de las veces se les acusa sin tener prueba alguna, siendo el secuestro uno de los delitos con los que más se señala a las víctimas, debajo de la delincuencia organizada, delitos contra el ejercicio legítimo de la autoridad y homicidio, entre otras acusaciones más.

La característica principal por la que acusan a una persona de secuestro o de delincuencia organizada es ser “presunto culpable”, bajo la premisa de resguardar la seguridad nacional; cabe resaltar que 20.83% de los casos son indígenas, lo cual aumenta la situación de vulnerabilidad al enfrentar el evento de tortura, problemas de defensa legal y económicos.

Otro dato a resaltar es el tiempo en el que son detenidos antes de ser presentados al MP correspondientes, ya que el lapso más común de una retención oscila entre los 60 y 120 minutos, que es el tiempo donde se aprovecha para realizar torturas físicas y psicológicas, por partes de los agentes que ejecutan la detención.

Desafortunadamente, casi en un 70% de los casos, se usan algún tipo de objeto o armas para torturar a una persona, teniendo los golpes y patadas el primer lugar de uso, seguido por las bolsas de plástico, esposas, armas de fuego, cintas, vendas y toallas, chichara eléctrica y toletas.

Algunos de los métodos de tortura más frecuentes son: amenazas, amenaza por un ataque animal, humillación, tortura farmacológica, tortura sexual, asfixia con métodos húmedos y secos, tortura por posición y traumatismos causados por algún objeto contundente.

Después de realizar la detención y la tortura, las víctimas son forzadas a confesar su culpabilidad -no demostrada en ningún momento- para ser expuestas a los medios de comunicación, en un 41.67 por cierto de los casos; donde se le presenta como parte de una banda delictiva, exhibiéndoles pertenencias que los culpabilice de las acusaciones en su contra.

El problema para erradicar esta situación del país, comenta CCTI en su texto, se da por la falta de acceso efectivo al examen, ya que no en todas la denuncias por torturas se realiza la investigación correspondiente, pese a que PGR reportó contar con más de 160 médicos y 49 psicólogos capacitados para realizar los dictámenes médico-psicológicos; otro problema es la falta de investigación pronta y exhaustiva, puesto que las agresiones físicas suelen desaparecer con el tiempo, lo que para muchas autoridades convierten como prueba de que no hubo tortura alguna.

Por último, el problema principal es que no se cuenta con una independencia y monitoreo por parte de los peritos adscritos a la Procuraduría, por lo que son presionados por otras organizaciones de investigación para realizar su labor, y que también el mecanismo para aplicar y vigilar la calidad de los informes, en este tipo de sucesos, depende de la PRG, lo cual provoca una falta de independencia funcional e institucional, haciendo inexistente la transparencia.

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