EdoMéx y SLP donde la inseguridad sale más cara; arrebata 7 mil pesos a los ciudadanos
*Redacción Diario Evolución*
La inseguridad en el país no solo afecta la tranquilidad social, sino que también representa un severo golpe al bolsillo de la economía familiar. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el costo promedio de la delincuencia se sitúa en seis mil 130 pesos por cada persona afectada, que actúa como un “impuesto” para las familias mexicanas, obligándolas a desviar dinero que tal vez estaba destinado a necesidades básicas, educación, alimentación o recreación.
Revela que el golpe verdadero al bolsillo individual se dispara según la ubicación geográfica de las víctimas. Por ejemplo, en el Estado de México, el costo promedio por ciudadano afectado asciende a siete mil 007 pesos, mientras que en San Luis Potosí la cifra escala hasta los siete mil 130 pesos por persona, y son las dos entidades donde sale más cara la inseguridad. En contraste, entidades como Tlaxcala registran un impacto individual menor, promediando cinco mil 905 pesos por afectado.
A nivel nacional el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 267.3 mil millones de pesos. Esto se traduce en 1.06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); y al analizar en qué se va este dinero, la mayor parte -62.1 por ciento- se pierde durante el acto delictivo, ya sea por el robo de vehículos, carteras o celulares, o bien a través de fraudes financieros y en las extorsiones que vacían las cuentas bancarias.
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El reporte del Inegi, resalta que el impacto restante las y los mexicanos lo destinan a reparar los daños materiales colaterales —como ventanas rotas, puertas y cerraduras— con el 34.3 por ciento y a cubrir gastos médicos inmediatos para atender las lesiones físicas o las secuelas psicológicas derivadas de la violencia, con el 3.7 por ciento.
También revela que, a nivel de vecindarios y hogares, un ciudadano promedio invierte miles de pesos en el blindaje de su entorno inmediato mediante la compra e instalación de cámaras de videovigilancia, alarmas domésticas, rejas de protección o portones eléctricos, y la cifra oculta de delitos no denunciados roza el 91 por ciento, lo que confirma que la mayoría de los afectados prefiere asumir la pérdida económica de manera individual.
G.L.
