Empresarios de Toluca alertan por cobros sin claridad del Ayuntamiento en descargas de aguas residuales
*Fernanda Rodríguez*
Representantes del sector empresarial y comercial de Toluca solicitaron a las autoridades del Ayuntamiento y de los distintos niveles de gobierno instalar una mesa permanente de diálogo para revisar el cobro de los derechos por descargas de aguas residuales, al considerar que la aplicación de las tarifas carece de claridad, podría resultar desproporcionada para pequeños negocios y, además, se pretende aplicar de manera retroactiva desde 2025.
Durante una conferencia de prensa organizada por la Mesa Directiva del Patronato Pro-Centro Histórico de Toluca, el presidente del Consejo Directivo, James Edward Marín Noriega, señaló que el sector empresarial comparte el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica, el saneamiento y el tratamiento de aguas residuales; sin embargo, sostuvo que cualquier cobro debe sustentarse en certeza jurídica, transparencia y una metodología pública que permita conocer cómo se determina la tarifa y qué variables técnicas se consideran para fijarla.
Indicó que hasta el momento no existe claridad sobre la clasificación de usuarios ni sobre los criterios para aplicar una tarifa que podría alcanzar hasta el 61 por ciento, por lo que consideró injusto que establecimientos con actividades muy distintas reciban el mismo tratamiento. Como ejemplo, mencionó que espacios culturales como el Centro TOLZÚ generan una importante derrama económica y atraen miles de visitantes cada mes, por lo que no deberían ser equiparados con industrias que generan descargas de naturaleza distinta.
Precisó que exposiciones como Dragones: Mundo Místico recibieron cerca de 124 mil visitantes y que la muestra Sauria, vigente desde febrero y hasta finales de agosto, proyecta superar los 150 mil asistentes, cifras que, dijo, reflejan la importancia de estos espacios para el turismo y la economía local. Asimismo, advirtió que los restaurantes ya enfrentan una amplia carga regulatoria, entre normas sanitarias, licencias, impuestos y costos operativos, por lo que incorporar un nuevo cobro sin criterios de proporcionalidad podría afectar especialmente a los pequeños negocios y poner en riesgo su permanencia.
Por su parte, el presidente de COPARMEX Estado de México, Julián Niembro Rivera, afirmó que el sector empresarial no se niega a cumplir con sus obligaciones, pero exige pagar una cantidad justa. Explicó que el recurso recaudado por este concepto debe destinarse al pago que realiza el municipio a la Federación por el tratamiento de las aguas que desembocan en el Río Lerma; sin embargo, insistió en que no todos los establecimientos generan el mismo impacto ambiental ni cuentan con la misma capacidad económica.
El dirigente empresarial señaló que un restaurante ubicado en el Centro Histórico no tiene las mismas condiciones de operación que uno instalado sobre Paseo Tollocan y advirtió que imponer el porcentaje máximo a pequeños comercios podría afectar seriamente su viabilidad, especialmente en un contexto donde las ventas no han logrado recuperarse y el impacto económico esperado por el Mundial no se reflejó en el comercio local.
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En tanto, la presidenta de la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, Thelma Jacinto Sánchez, pidió sensibilidad a las autoridades ante la situación económica que enfrentan los negocios establecidos y afirmó que actualmente el sector atraviesa un periodo complicado, por lo que consideró necesario privilegiar el diálogo antes de imponer nuevas cargas económicas.
En representación del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), la vicepresidenta Verónica Valdez González explicó que el fundamento legal para el cobro de las descargas residuales presenta ambigüedades y recordó que desde administraciones anteriores se planteó la necesidad de establecer una estratificación de los contribuyentes, diferenciando entre giros secos, húmedos y semihúmedos, así como considerando la capacidad económica de cada unidad de negocio.
Añadió que el sector empresarial respalda las acciones encaminadas a proteger el medio ambiente, pero exigió que los recursos recaudados realmente se destinen al funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y que las autoridades dirijan también su atención hacia quienes generan descargas contaminantes sin regulación, incluyendo parte del comercio informal, mientras que los negocios formalmente establecidos ya cumplen con múltiples obligaciones ambientales y sanitarias.
Al término de la conferencia, los integrantes del presídium coincidieron en solicitar la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades para revisar los criterios, porcentajes y mecanismos de cobro de los derechos por descargas de aguas residuales, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan proteger el medio ambiente sin afectar la competitividad, la inversión y el empleo en Toluca.
