Familiares de detenidos por venta de plazas en Secti acusan “chivos expiatorios” para encubrir a altos funcionarios
*Fernanda Rodríguez*
Familiares de los diez detenidos por la presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) denunciaron una serie de detenciones arbitrarias y acusaciones falsas implementadas para encubrir a altos funcionarios estatales.
Reiteraron que el millonario negocio de la venta de plazas era operado directamente por mandos superiores que actualmente gozan de plena libertad, por lo que acusaron a las autoridades estatales de utilizar a los trabajadores de menor rango como “chivos expiatorios” para encubrir la corrupción institucional.
Por su parte, Ramón, familiar de uno de los imputados, señaló de manera enérgica que su pariente es únicamente personal operativo y carece por completo de las facultades legales para realizar este tipo de transacciones, ya que la firma y autorización de dichos documentos corresponde exclusivamente a los directores de la dependencia.
Diario Evolución recomienda:
De acuerdo con los testimonios, la captura del grupo de trabajadores ocurrió el pasado viernes a las 16:20 horas en la Avenida Morelos de la capital mexiquense. Los denunciantes afirmaron que el arresto se ejecutó con total arbitrariedad y con una flagrante violación al debido proceso, ya que las autoridades omitieron la lectura de los derechos que la ley les confiere a los detenidos.
Posteriormente, alrededor de las 20:00 horas de ese mismo día, elementos policiales desplegaron cateos en los domicilios de los investigados, ingresando de forma violenta y amedrentando a los menores de edad que se encontraban en las viviendas.
Ante los atropellos sufridos durante los operativos, los allegados intentaron promover un recurso ante el Poder Judicial del Estado de México (PJEdoMéx). Como consecuencia de estas irregularidades y tras los reclamos de la defensa, la audiencia programada para este lunes fue declarada improcedente, ordenando el retorno de los imputados a los centros de reclusión en tanto se determina su situación jurídica.
Los manifestantes exigieron una investigación profunda y transparente que deje de proteger a los verdaderos responsables de una red que ha desviado millones de pesos. Argumentaron que la gran mayoría del personal operativo pertenece a la clase media y está dispuesto a que se revisen minuciosamente sus ingresos económicos y sus bienes, los cuales son totalmente acreditables.
