Fiscalías acumulan 2.9 millones de casos sin resolver; Guanajuato, CDMX y Jalisco con más rezago penal
*Redacción Diario Evolución*
Guanajuato, la Ciudad de México y Jalisco se posicionaron como las entidades con el mayor número de procedimientos pendientes de concluir en sus Ministerios Públicos al cierre de 2025. Esto de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) 2026 publicado por el Inegi, el cual revela que las fiscalías locales de estas tres entidades federativas concentran, por sí solas, poco más del 38 por ciento de todo el rezago penal del país.
A nivel nacional, el acumulado de investigaciones sin resolver en las etapas inicial y complementaria alcanzó la cifra histórica de dos millones 916 mil 624 procedimientos, lo que representa un incremento del 10.42 por ciento en comparación con el periodo anterior. El reporte estadístico sitúa a Guanajuato como el líder en rezago con 416 mil 617 casos acumulados, seguido muy de cerca por la Ciudad de México con 347 mil 530 indagatorias postergadas y Jalisco con 347 mil 525 trámites sin resolución.
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Por otro lado, el fenómeno de la saturación institucional muestra un contraste importante con la entrada de casos nuevos, donde el Estado de México se posicionó en el primer lugar nacional al concentrar el 17 por ciento de las carpetas de investigación abiertas en 2025. A pesar de que el territorio mexiquense absorbe la mayor carga de denuncias inmediatas en el país, su capacidad de desahogo y determinación jurídica ha evitado que sus expedientes acumulados superen el rezago histórico de las tres entidades punteras al tener un rezago de 190 mil 411 casos.
Tras ello, el Inegi resalta que el cuello de botella en las fiscalías responde principalmente a problemas estructurales como la escasez de agentes del Ministerio Público y posibles condiciones precarias de trabajo. Sin embargo, la acumulación de millones de carpetas de investigación, que incluyen indagatorias de años anteriores, evidencia la urgencia de fortalecer el presupuesto y optimizar el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias para agilizar la justicia en México.
G.L.
