Ley para adolescentes privilegia reinserción social
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes privilegia la protección de los derechos humanos, la reinserción social y la convivencia familiar de los menores, así lo expresó la magistrada Virginia Valdés Chávez, al impartir la conferencia Comentarios a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el Palacio de Justicia de Tlalnepantla.
Ante magistrados, jueces, servidores judiciales, académicos y alumnos universitarios, la presidenta de la Sala Unitaria Penal para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de México, expuso el contenido del nuevo ordenamiento con el que se crearon juzgados especializados, se capacitaron jueces, mediadores, policías y ministerios públicos que atienden únicamente este tipo de casos.
Valdés Chávez explicó que con este sistema que entró en vigor el pasado mes de junio, se modifican diversos procedimientos y se generan nuevas figuras, como la de procurador de justicia para menores, quien realizará acompañamiento legal, de protección de derechos y de defensor.
Además se otorgan beneficios de preliberación y libertad asistida, donde la familia adquiere un rol de seguimiento del menor y se nombra a una persona de confianza, quien hace las veces de tutor y se hace responsable de que no incumpla las condiciones de libertad, en caso de que no sea un familiar, la ley estima que el sistema DIF deberá hacerse cargo, señaló la magistrada.
Comparado con el sistema para adultos, el de adolescentes tiene plazos más cortos, detalló Valdés Chávez; mientras que el juez tiene 72 horas para determinar la situación jurídica de un imputado adulto, para los menores de edad es de 36 horas y no podrán permanecer en internamiento por más de cinco meses sin una sentencia.
Cabe destacar que la ley sólo aplica para niños y niñas a partir de los 12 años de edad y sólo aquellos con más de 14 podrán quedar en internamiento hasta por cinco años, si el juez especializado así lo considera.
Asimismo establece tres grupos etarios para aplicar la ley: el primero de doce a menos de 14 años; el segundo de catorce a menos de 16 y el tercero, de 16 a menos de 18, permitiendo sanciones diferenciadas que no los priven de su desarrollo humano.
Este nuevo ordenamiento jurídico, enfatizó la magistrada Valdés Chávez, requiere la participación coordinada de diversas instituciones y órdenes de gobierno, así como necesita que los abogados estén especializados y conozcan la nueva ley para llevar una adecuada defensa de los imputados.
