Organizaciones civiles de Sinaloa exigen investigación con rigor en caso Rocha Moya
*Redacción Diario Evolución*
Tras los señalamientos de Estados Unidos hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros funcionarios, por presuntamente tener nexos con el crimen organizado, organizaciones civiles y ciudadanos de Sinaloa manifestaron su preocupación en torno a las acusaciones penales contra los mandatarios y funcionarios, pidiendo que se investigue con todo el rigor de la ley.
Mediante un posicionamiento firmado por diversas organizaciones entre las que destacan Iniciativa Sinaloa, Coparmex y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, señalaron que estos hechos colocan en el debate la debilidad en los sistemas de control, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, particularmente a nivel estatal.
Asimismo, subrayaron que la corrupción no debe entenderse como un fenómeno aislado o meramente administrativo, ya que en contextos como en Sinaloa, esto constituye un factor habilitante para la consolidación y expansión de redes criminales, incluyendo las que está vinculadas al narcotráfico, además de que cuando existen indicios de colusión entre autoridades y organizaciones delictivas, se compromete la integridad de las instituciones públicas, se distorsiona el ejercicio del poder y se vulneran los derechos fundamentales de la población.
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Señalaron que esta interrelación no solo debilita la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia, sino que además perpetúa ciclos de violencia, por lo que enfatizaron que el combate a la corrupción y a la desarticulación de sus vínculos con el crimen organizado deben ser asumidos como una prioridad de seguridad nacional y gobernabilidad democrática.
Respecto a que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso como lo ha manifestado incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, señalaron que si bien es imprescindible, estos principios no deben ser utilizados como argumento para la inacción institucional, ni para la opacidad, sino que ante la gravedad de los señalamientos se exigen respuestas firmes, investigaciones exhaustivas y mecanismos de rendición de cuentas.
Ante el caso, pidieron que las investigaciones se realicen con estricto apego a la legalidad, independencia, imparcialidad y debido proceso, además de que las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar, esclarecer y en su caso, de sancionar cualquier hecho relacionado con la corrupción o vínculos con el crimen organizado, además de que se debe garantizar a la ciudadanía conocer la verdad e implementar acciones concretas para prevenir la captura de instituciones públicas por intereses criminales o redes de corrupción.
A.C.
