Piden 24 años de cárcel por fabricación de pruebas en EdoMéx
*Redacción Diario Evolución*
Morena en el Estado de México propuso hasta 24 años de cárcel por fabricación de pruebas tras considerar que hay agentes del Ministerio Público, así como personas peritas, policías de investigación y juzgadoras que incurren en falsificación, alteración o manipulación de pruebas en el ámbito judicial.
La propuesta del diputado Octavio Martínez, propone penas de ocho años de cárcel a quienes cometan estas conductas, que alcanzarían hasta los 12 años si se trata de una o un abogado defensor, y de hasta 24 años si con sus actos se dicta una sentencia condenatoria contra una persona inocente.
Señala que, en los 22 centros penitenciarios de la entidad, se tiene una población aproximada de 41 mil personas, entre procesadas y sentenciadas, de las cuales diversas fuentes calculan 18 mil 450 inocentes víctimas de la fabricación de algún delito, por lo que, recalcó de suma importancia que esto sea tipificado como delito y aprobar las penas.
También se impondrán ocho años de prisión, 500 días multa, destitución e inhabilitación a quienes, con conocimiento de causa y con la finalidad de incidir en la decisión de un órgano jurisdiccional en el desarrollo del proceso, realicen actos consistentes en introducir, manipular, falsificar, destruir, alterar, simular o utilizar de manera indebida testimonios, declaraciones, dictámenes periciales, actas, registros u otros medios de prueba documentales.
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Estas penas se impondrán cuando se incurra en omisiones que generen un perjuicio o que confieran a una de las partes una ventaja indebida, entendida como cualquier beneficio procesal, probatorio o resolutivo contrario a la ley, al principio de igualdad procesal o a la recta impartición de justicia, o cuando se retarde o entorpezca maliciosamente, o por negligencia, la administración de justicia.
Si todas estas acciones descritas provocan que se dicte una sentencia condenatoria contra una persona inocente, las sanciones se duplicarán, alcanzando hasta los 16 años de prisión para agentes del ministerio público, así como personas peritas, policías de investigación y juzgadoras, y hasta 24 años de cárcel para una o un abogado defensor.
Quien incurrirá en abuso de funciones la servidora o el servidor público que realice actos u omisiones que influyan en las determinaciones judiciales en perjuicio de persona alguna, establece hasta 10 años de prisión, 150 días multa y la destitución e inhabilitación que corresponda.
G.L.
