Piden Ley de Amnistía que sirva, pero evite impunidad en EdoMéx
*Alberto Dzib*
Diputados locales, representantes de organizaciones civiles y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México coincidieron en la necesidad avanzar en la aprobación de la Ley de Amnistía en la entidad, pero evitar que su contenido posibilite la impunidad de presos que han cometido delitos de lesa humanidad.
Durante la segunda reunión de parlamento abierto para la discusión de las 4 iniciativas que se han presentado en la materia, desde la sociedad civil se manifestó la urgencia de aprobar la amnistía en la entidad para liberar a personas presas por fallas en su debido proceso, delitos que no cometieron o por su situación de vulnerabilidad, aun cuando se les imputen delitos graves, sin embargo, destacaron que se deben establecer mecanismos para no beneficiar a quienes si deben cumplir una sentencia.
El fiscal central jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Fernando Cárdenas, destacó que es necesario afinar la construcción de la ley para evitar que la amnistía se convierta en una tercera instancia judicial y beneficie a quienes se les ha dictado sentencia en doble instancia, pues se cree que muchos presos que no encuadran con los supuestos de esta ley buscarán obtener la libertad, además de que se establezca si será un juez o el Fiscal general quien decidirá la amnistía.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad (CODHEM), Jorge Olvera García consideró que esas consideraciones deberán preverse en el reglamento de la ley, por lo que pidió que no se criminalice la amnistía o se le confunda con el indulto, pues sostuvo que en el primer caso existe un catálogo específico de condiciones y delitos, por lo que su aprobación no representa riesgo de impunidad o de violación a los derechos de las víctimas.
Los diputados de las comisiones de Procuración de justicia y Derechos Humanos, señalaron que tomarán en cuenta las consideraciones para constituir una ley integral que garantice la libertad a quienes han visto vulnerado su acceso a la justica, pero también de proteger los derechos de las víctimas y evitar que entre los beneficiarios haya presos que sí deben solventar una sentencia.
