Podrían adherirse 7 municipios más a la alerta de género en el Estado de México

*Alberto Dzib*

El secretario general de gobierno de la entidad dijo, ante el cuestionamiento de los diputados locales, que la acción se definirá este 5 de octubre. Foto: Especial.

En reconocimiento de que la seguridad es el principal pendiente del gobierno del Estado de México y que las acciones contra la violencia de género han sido insuficientes, el secretario general de gobierno de la entidad, Alejandro Ozuna Rivero, anunció que 7 demarcaciones se podrían sumar a la declaratoria de alerta de género, que ya opera en 11 municipios mexiquenses.

En el marco de la glosa del primer informe de actividades del Gobierno del Estado, las fracciones del PRD, PAN, PT, Morena y del PRI, cuestionaron los resultados del primer año de administración e hicieron hincapié en las estrategias de seguridad, derivado de que la entidad registra una incidencia de 25 mil 625 en el último año, que lo convierten en el primer lugar en inseguridad del país; además del estado más inseguro para las mujeres, pues en el territorio se registra el 11% de los feminicidios.

El funcionario dijo que la seguridad es la principal preocupación de la administración mexiquense y reconoció que con la operación de la alerta en 11 municipios es insuficiente para atender la incidencia de feminicidios; sin embargo, por la metodología requerida, es imposible que esta se amplíe a las 125 demarcaciones del estado y, en ese sentido, se ha convocado a un grupo de organizaciones civiles y expertos que coadyuvarán a valorar su aplicación en 7 municipios más.

Explicó que, para ello, el equipo habrá de emitir una serie de recomendaciones que en un periodo de 6 meses habrán de aplicarse en las 7 demarcaciones que omitió nombrar y, de no haber resultados, se pediría a la SEGOB hacer la declaratoria de género.

“Este 5 de octubre emitirá sus recomendaciones, si estas recomendaciones, en un análisis posterior, no se cumplen, se procedería a declarar la alerta de género.”, aseveró.

En el acto, los diputados del PRD, Omar Ortega Álvarez, y del PAN, Ingrid Krasopani Schemelensky, señalaron que además de los feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, delitos como el robo a transeúnte, transporte público y de automóviles, ha incrementado en el último año, y según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Inseguridad señala que en más de la mitad de los hogares mexiquenses hubo por lo menos una víctima del delito en 2017.

Armando Bautista, del PT, coincidió con el señalamiento y reiteró que el estado concentra el 17% de los robos de vehículo del país, el 11% de feminicidios y registra más de 2 mil  homicidios dolosos por año, desde la administración pasada, por lo que no se ve cambio, pese a que ya hay una administración distinta.

Mercedes Colín Guadarrama, del PRI, también cuestionó la violencia de género y pidió informar las acciones que se han llevado a cabo para combatir el flagelo a partir de la alerta de género en 11 municipios.

Por Morena, Max Correa Hernández habló de la necesidad de una nueva Constitución Política para el Estado de México, en el marco de la llamada “Cuarta Transformación”, y preguntó al funcionario estatal si el Ejecutivo mexiquense estaría dispuesto a coadyuvar con la legislatura local para realizar este ejercicio con las reformas que ello implicaría.

A esto, Ozuna Rivero respondió que en el estado se ha logrado bajar en 12% la incidencia delictiva en el último año y, aunque reconoció que hay retos, dijo que se ha avanzado respecto al último año; además, que el Gobierno del Estado está abierto a asumir un papel de corresponsabilidad con el Poder Legislativo, y por ello llamó al diálogo en torno a la Ley del ISSEMyM que ha sido cuestionada por posibles daños a los servidores públicos de la entidad.

Destacó que se deben revisar los objetivos de esta ley, debido a que el ISSEMyM, junto con otros institutos de salud del país, está en bancarrota y no tomar una medida como la señalada podría implicar riesgos de sostenibilidad a la atención médica y de pensiones.

Finalizó con la aseveración de que habrá apertura para discutir la pertinencia de leyes vigentes, como la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública que, pese a estar aprobada, aún no opera debido al amparo que se promovió ante la SCJN.

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