Propone Morena prohibir venta de bienes y partes robadas en mercados del EdoMéx
*Alberto Dzib*

Se prevé una sanción de hasta 7 años de prisión para quien comercialice este tipo de productos de procedencia ilícita.
La bancada de Morena en la 60 Legislatura del Estado de México, presentó este jueves una iniciativa de reforma para que la venta de bienes, productos o partes provenientes de hechos ilícitos en tianguis y mercados de la entidad, sea considerada como agravante del delito de robo y que quien incurra en esta acción de comercialización, enfrente hasta siete años de prisión.
La impulsora de la iniciativa y legisladora de la bancada de Morena, Liliana Gollás Trejo, comentó que el Estado de México es el primer lugar en incidencia delictiva a nivel nacional y que en cuanto a robo registra un 20 por ciento de los casos que se cometen en el país, por lo que se requieren acciones que permitan inhibir el fenómeno y por ello la reforma al Código Penal y a la Ley de Seguridad de la entidad busca que con la prohibición de venta de bienes robados, ayude a disminuir el delito.
La diputada subrayó que la función de su planteamiento será añadir a las 22 causales agravantes del delito de robo, cuando se acepte, adquiera, venda, trafique, comercialice, traslade u oculte este tipo de bienes, con una sanción de 3 a 7 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin que se excedan mil días de multa.
“Se propone que la iniciativa determine como agravante la comercialización en general de bienes u objetos producto de robos en vías o plazas públicas, mercados públicos municipales o áreas de uso común, para realizar actividades comerciales o de servicios.”, sostuvo Gollás Trejo.
Dijo que para la aplicación de esta medida será necesario que los gobiernos estatales y municipales colaboren, por lo que la iniciativa también prevé una actualización en el delito de encubrimiento a fin de garantizar que cuando un servidor público observe la comercialización de objetos de procedencia ilícita, de aviso a las autoridades correspondientes para su investigación.
De no hacerlo, se prevé que los servidores públicos municipales o estatales enfrente de uno a dos años de prisión por encubrimiento y si se tratara de servidores públicos de la administración y procuración de justicia, la sanción se elevaría hasta una mitad.
La propuesta apunta centralmente a la inhibición de robo de celulares que es uno de los productos más recurrentes por la delincuencia y que puede derivar en otros ilícitos como la extorción, secuestro, robo de personalidad y de cuentas electrónicas.
Es de señalar que con la propuesta también se busca inhibir el robo de celulares como una de las acciones más comunes, debido a que el robo de este producto, también deriva en otros ilícitos como extorsión, secuestro, robo de personalidad y de cuentas electrónicas.