Proponen hasta 60 años de cárcel por corrupción inmobiliaria en EdoMéx
*Redacción Diario Evolución*
En el Congreso del Estado de México se propuso hasta 60 años de cárcel por corrupción inmobiliaria y con ello añadir está figura en la legislación y considerarla como delito grave, así como incluir, entre las modalidades de fraude, la de irregularidades en la venta de inmuebles.
La propuesta fue planteada por la legisladora Susana Estrada Rojas quien también expuso que este tipo de delito también se da por parte de actores gubernamentales y entes empresariales en proyectos que, bajo el pretexto de utilidad pública, benefician intereses particulares.
Destacó que la corrupción inmobiliaria no sólo viola la ley, viola el derecho a la vivienda, a la seguridad, al agua, al espacio público. Y por ello, propuso adicionar el concepto de “corrupción inmobiliaria” en el cual incurriría la persona servidora pública que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles.
También cometerían este delito las personas físicas o morales que construyan y edifiquen pisos adicionales, a sabiendas de que no cumple con los requisitos, y las personas fraccionadoras, constructoras o promotoras que intervengan en la asesoría y venta al público de bienes en esta situación.
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En esos casos, se impondría una pena de 20 a 40 años de prisión, y podría incrementarse en una mitad cuando las conductas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, a la persona servidora pública, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o bien a socios o sociedades de las que formen parte.
Adicionalmente, se plantea que se considere fraude (con penas vigentes de hasta 12 años de cárcel) cuando, en la realización de actos jurídicos de oferta y venta de bienes inmuebles, no se cumpla con los elementos mínimos para la celebración de contratos.
