Retos pendientes en torno a la amnistía: Max Correa
*Melchor García*
Una mayor sensibilización del Poder Ejecutivo y Judicial, así como la posibilidad de una reforma a la Ley de Amnistía para que integre delitos de alto impacto, son tan solo algunos de los pasos pendientes para atender en el Estado de México el tema de los denominados “injustamente presos”.
Luego de que en días pasados activistas de “Haz valer mi libertad” reprocharon la indiferencia del estado para atender sus casos, el diputado Max Correa Hernández reconoció que la actual legislación no ha sido del todo eficaz en su tarea, es decir, dijo, dar justicia a los injustamente presos.
Destacó en este caso los criterios para su aplicación.
“Ahí está la ley, pero también en ella quien debe ejecutar la ley tienen que modificar sus criterios tanto el poder Ejecutivo como el poder judicial, porque ellos son quienes la ejecutan en términos de delitos graves” dijo.
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Expuso que en varios de los casos que reivindican los colectivos sociales existen las atenuantes para que estos poderes hagan valer sus facultades y en su caso otorguen los beneficios de esta reforma a las personas privadas de su libertad, sobre todo en la presunción de inocencia.
A la par, reconoció la posibilidad de una nueva reforma a la ley desde el Ejecutivo para perfeccionarla tema que reconoció recaerá en la próxima legislatura.
“La nueva conformación de fuerzas tendrá que valorar hasta donde tiene que hacerse justicia”, declaró.
Expuso que esta coyuntura de críticas de los colectivos, más que un ataque al Poder Judicial del Estado de México, es la posibilidad para que jueces reivindiquen su papel y reconozcan sus fallos si los hubiera otorgado justicia que es su papel.
De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en2023 se recibieron 174 solicitudes de amnistía, que sumadas a las recibidas en el 2021 y en 2022 hacen un total de tres mil 661, de estas se resolvió el 93 por ciento del total y únicamente 270 están en trámite.
