Taxistas exigen freno de servicios por apps en el AICM; Uber se defiende
*Redacción Diario Evolución*
Aunque el Grupo Aeroportuario Marina informó que sostuvo una reunión con las 11 agrupaciones de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se les informó que los servicios de aplicación no cuentan con autorización para operar, este día más de 100 taxistas se han manifestado colapsando las entradas al AICM, exigen se retiren por competo de la operación a los taxis por aplicación.
Sostienen que, ellos sí cumplen con las especificaciones para operar dentro de esta zona Federal, indicando que pese a lo anunciado por el Grupo Aeroportuario, se hicieron contratos con dichas aplicaciones como Uber y Didi, y que esto incluso provocó que haya dos iniciativas en el Congreso que podría favorecerlos, esto previó al Mundial 2026, donde se espera el arribo de miles de turistas al macro evento futbolístico.
Los taxistas acusan que pese a la medida Uber y Didi siguen operando sin los permisos obligatorios en el AICM, por lo que, exigen a las autoridades imponer sanciones a los conductores de plataformas, indicando que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y afectando su trabajo, tras denunciar una competencia desleal, debido a que ellos –taxistas- si pagan permisos federales, cuotas aeroportuarias y seguros de cobertura amplia.
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Tas ello, la Marina anunció que a partir del jueves 12 de marzo la Guardia Nacional iba a comenzar con operativos en la zona para evitar la prestación de servicios considerados irregulares en una zona que es federal, y tras ello, el almirante Juan José Padilla Olmos reiteró que, las plataformas digitales de transporte no están autorizadas para ofrecer el servicio en las instalaciones del AICM.
Sin embargo, la plataforma de Uber respondió a las restricciones anunciadas por el AICM sobre que los conductores de la aplicación no pueden recoger pasaje, donde remarcó que cuenta con una suspensión definitiva que ordena a la Guardia Nacional cesar las detenciones conductores de la aplicación, y espera que se respete.
Señaló que en caso de que no se respete este recurso judicial, “la entidad federal podría ser sancionada por no respetar la suspensión definitiva, tal y como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo”, con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la persona servidora pública que con el carácter de autoridad responsable al cumplimiento en el juicio de amparo.
