Tribunal ordena investigar a funcionarios de FGJEM por caso de Central de Abasto en Ecatepec
Después de que el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pretendiera archivar una denuncia por la actuación de servidores públicos relacionada con el caso de una supuesta bodega con mercancía robada, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ordenó continuar la investigación y realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados por el diputado Octavio Martínez Vargas.
La resolución representa un revés para la determinación inicial de la Fiscalía y un respaldo a la exigencia del legislador, quien también es presidente de la Central de Abasto de Ecatepec, al sostener que el inmueble señalado por la autoridad no pertenece a la Central ni forma parte de sus instalaciones.
El caso surgió luego de que la Fiscalía relacionara públicamente dicho inmueble con la Central de Abasto durante el aseguramiento de mercancía presuntamente robada. Ante lo que consideró un señalamiento incorrecto, Martínez Vargas promovió acciones legales contra los servidores públicos involucrados y exigió que se investigara su actuación.
Inicialmente, el Órgano Interno de Control determinó archivar el expediente FGJEM/OIC/INV/306/2025, mediante un acuerdo fechado el 3 de julio de 2025.
Sin embargo, la inconformidad promovida por el legislador llegó al Tribunal de Justicia Administrativa, cuya Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas dejó sin efectos el acuerdo de conclusión y archivo y ordenó realizar las diligencias de investigación necesarias, oportunas y eficaces para esclarecer los hechos denunciados.
La resolución judicial estableció un plazo de cinco días hábiles para que la autoridad investigadora emitiera un nuevo acuerdo y diera cumplimiento a lo ordenado.
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En cumplimiento de esa determinación, el 30 de enero de 2026, la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control emitió un nuevo acuerdo dentro del expediente y ordenó realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados por Octavio Martínez Vargas.
“No nos dejamos espantar con el petate del muerto. Cuando se pretende utilizar el poder de una institución para señalar, desacreditar o intimidar, lo que corresponde es acudir a las instancias legales y exigir que se conozca la verdad”, afirmó el diputado.
Martínez Vargas señaló que no se trata de obtener privilegios ni de frenar el trabajo de las instituciones de procuración de justicia, sino de evitar que una institución pública sea relacionada con hechos que no corresponden a la realidad y que, ante ello, se pretenda cerrar una investigación sin agotar las diligencias necesarias.
“El Tribunal nos dio la razón: no podía simplemente archivarse el asunto sin realizar las investigaciones necesarias. Ahora tendrán que investigar y esclarecer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué se relacionó a la Central de Abasto con un inmueble que no nos pertenece”, sostuvo.
El presidente de la Central de Abasto de Ecatepec afirmó que defenderá la institución que representa por las vías legales y exigirá que se determine quiénes participaron en la identificación del inmueble, qué información utilizaron y por qué se le vinculó con la Central.
“Se nos olvida que estamos viviendo una transformación de fondo y no estética. El primer eje del Plan de Desarrollo del Estado de México plantea cero corrupción, Estado de Derecho y un gobierno de austeridad, del pueblo y para el pueblo. Las instituciones deben estar a la altura de esa transformación”, señaló.
Martínez Vargas consideró que ningún servidor público debe utilizar su cargo para intimidar, desacreditar o realizar señalamientos sin sustento, por lo que, dijo, cualquier actuación irregular debe ser investigada y, en su caso, sancionada conforme a derecho.
“Nunca más una mentira, dolo, mala fe o una imputación sin sustento desde una institución pública contra nadie. Si hubo errores o responsabilidades, que se investiguen y que se determinen. No queremos impunidad, queremos verdad y justicia”, enfatizó.
El legislador subrayó que la resolución del Tribunal obliga ahora a la autoridad investigadora a esclarecer los hechos, por lo que permanecerá atento al desarrollo de las diligencias y a las determinaciones que deriven de la investigación.
“La transformación debe ser de fondo, no estética. Las instituciones están para servir al pueblo, no para espantarlo. Nosotros vamos a seguir por la vía legal hasta que se conozca la verdad”, concluyó.
