jueves, abril 25, 2024
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Aumentan las custodias de menores concedidas a padres durante divorcios en Edoméx

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Alberto Dzib

En la búsqueda por privilegiar el interés y bienestar de los menores cuando sus padres se encuentran en proceso de divorcio, el magistrado del Poder Judicial del Estado de México, Everardo Güitrón Guevara, aseguró que desde esta década a nivel nacional, la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes ha dejado de ser una figura exclusiva de las madres y el porcentaje de resoluciones en favor del padre va en aumento.

Reconoció que anteriormente los jueces en materia familiar no tenían elementos para determinar que la estancia de los menores pudiese estar fuera del cuidado de la madre, pero derivado de la adhesión de México a tratados internacionales, impulso de modelos de equidad de género y reconocimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los de los adultos, se ha logrado apuntar a un equilibrio en la visión judicial para dictar resoluciones sin distinción de género.

Comentó que por el reciente cambio en los procedimientos familiares, la guardia y custodia de menores concedida a los padres aún no es igual a la de las madres, pero hoy se habla de entre 30 y 40 por ciento de los casos en esta ruta.

“Todavía no, todavía no llegamos a un 50%, pero yo creo que va ascendente, o sea yo creo que podemos mencionar un porcentaje del 30%, por ahí vamos en esos conflictos a favor de los padres”.

Comentó que para la resolución de un conflicto de guarda y custodia de menores, los jueces toman en cuenta distintos elementos por la particularidad de cada familia, pero se coincide en anteponer el bienestar de los menores, por lo que ahora puede ser madre o padre e incluso otros familiares quienes queden a cargo de ellos.

Los referentes de un juez para determinar este bienestar de los menores, agregó, no radica en la situación económica del padre o la madre, pues no se puede castigar la carencia económica de alguna de las partes y por el contrario se atiende a la garantía de que los menores no sean objeto de maltrato, abandono, descuido o algún escenario que ponga en riesgo su salud, seguridad y educación.

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