Avalan sanciones de hasta 6 mdp por alterar el ciclo hidrológico en EdoMéx
Con el objetivo de proteger al campo de los impactos negativos por alteraciones de los patrones de precipitación, la LXII Legislatura mexiquense aprobó, por unanimidad, la regulación de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico, cuya aplicación requerirá un permiso o, de lo contrario, habrá sanciones de hasta seis millones 222 mil 700 pesos (55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente).
La reforma al Código para la Biodiversidad estatal conjuntó las iniciativas que presentaron, por separado, integrantes de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo objetivo es proteger al campo de los impactos negativos por alteraciones de los patrones de precipitación.
Con las reformas se faculta a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad a regular la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, en cualquiera de sus estados físicos o de energía, como humos, gases, vapores, partículas sólidas, ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, olores, polvos y líquidos, que ocasione o pueda ocasionar desequilibrios a los ecosistemas o daños al ambiente y a la biodiversidad, o bien que modifiquen los hábitats y los patrones de distribución de especies, desestabilicen los ciclos de nutrientes y la dinámica de las comunidades biológicas, así como afectaciones a la calidad y cantidad de agua.
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Esta dependencia, en coordinación con los municipios, también deberá llevar un inventario de fuentes fijas o móviles que emitan a la atmósfera estas sustancias, incluyendo el relativo a proveedores de equipos y servicios relacionados; y crear un sistema único de información de carácter público, basado en las autorizaciones, licencias o permisos.
Adicionalmente, el dictamen establece que las personas afectadas directamente o los representantes de una organización social que acrediten su interés ante la Comisión de Impacto Estatal tienen derecho a formular, por escrito, observaciones y propuestas respecto de las obras, actividades o aprovechamientos.
