EXIGEN SUSTITUIR A 288 FUNCIONARIOS DE CASILLA AFILIADOS AL PRI
Por considerar que no se puede ser juez y parte, porque se trataría de una contienda con “dados cargados” hacia el PRI, pero sobre todo porque se violenta la Ley Electoral, la candidata a presidenta municipal de Huixquilucan y candidatas a diputadas federales y local, respectivamente, piden la sustitución de 288 funcionarios de casilla.
Así lo denunciaron en conferencia de prensa Omar Ortega Álvarez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de México (PRDEDOMEX), la candidata a presidenta municipal Carla Reyes, la candidata a diputada local María de Lourdes Gutiérrez y la candidata a diputada federal María Yahaira.
Explicaron que el pasado 8 del presente mes, se solicitó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una Objeción de Nombramiento de funcionarios de casilla en Huixquilucan, debido a están afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lo anterior, basado en el Encarte de Funcionarios de casilla INE DTTO 18 Huixquilucan, y Padrón de Afiliados del PRI Estado De México, agregó Omar Ortega Álvarez.
Por su parte, la candidata a presidenta Municipal, Carla Reyes, explicó que a la fecha, el INE no ha dado respuesta a esta demanda, por lo que sostuvo que esta es impostergable, debido a que el proceso electoral sigue avanzando y quedan pocos días para el próximo 7 de junio.
Comentó que de acuerdo a dicha relación, de los funcionarios afiliados al PRI hay 23 a presidentes, 33 secretarios, 21 segundos secretarios, 26 primeros escrutadores, 30 segundos escrutadores, 34 terceros escrutadores, 31 primeros suplentes, 40 segundos suplentes y 50 terceros suplentes , entre otros.
Finalmente, Omar Ortega Álvarez señaló que lo anterior es muestra de que el PRI sigue metiendo las manos en este proceso electoral, lo que le quita equidad y certeza a un proceso democrático como debería ser el de junio próximo
Por lo anterior, hizo un nuevo llamado a la autoridad electoral a que tome cartas en el asunto y no se quede en un acto de impunidad y de violar la Ley Electoral.
