Mari, Ángel Daniel y Magaly denuncian a magistrado que busca despojarlos de sus bienes
*Fernanda Rodríguez*
En una contundente denuncia pública,Mari, Ángel Daniel y Magaly alzaron la voz para exigir justicia frente a lo que califican como un grave esquema de corrupción, tráfico de influencias y fraude procesal.
Los afectados señalaron directamente al magistrado José Luis Maya Mendoza, integrante de la Sala Colegiada Civil en Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoMéx), como el autor intelectual de una maniobra legal para despojarlos de sus bienes inmuebles y transferirlos a su esposa, Eva Colín Flores, y a su suegra, Antonia Florencia Flores Reyes.
“La denuncia radica en un simulado y fraudulento emplazamiento dentro del juicio tramitado bajo el expediente 1330/2022, expresó Mari, una de las denunciantes.
Asimismo, afirmó que nunca fueron legalmente llamados a juicio, ya que todo el procedimiento se ejecutó bajo una flagrante incompetencia territorial.
“El predio en disputa se encuentra ubicado en el municipio de Acambay; sin embargo, de forma irregular, las actuaciones se turnaron al Juzgado Primero Civil de Jilotepec, y posteriormente la sentencia fue emitida por el Juzgado Segundo Civil del mismo distrito judicial” destacó Mari.
La afectada mencionó que la trampa procesal operó en enero de 2023, cuando Antonia Florencia Flores Reyes señaló falsamente un domicilio ubicado en el municipio de Lerma como la residencia de los demandados.
Los afectados demostraron plenamente que dicha dirección no les pertenece, sino que coincide de manera idéntica con el domicilio particular del propio magistrado Maya Mendoza, registrado en su credencial de elector del INE y declarado por él mismo bajo protesta de decir verdad en dos comparecencias distintas ante el Juzgado Segundo Civil de Toluca, en agosto de 2021 y junio de 2023.
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Asimismo, Mari añadió que usaron su propia casa para simular las notificaciones, se impidió que las víctimas se enteraran del juicio y pudieran defenderse.
“A esto se suma una alarmante celeridad en el dictado de la sentencia definitiva, la cual fue emitida a favor de la parte actora sin que esta hubiera ofrecido ni desahogado un solo medio de prueba durante el juicio” precisó.
Los afectados informaron sobre la existencia de documentos que confirman que el 10 de agosto de 2023 se ordenó turnar el expediente para sentencia, notificándose formalmente el viernes 11 de agosto.
Según los denunciantes, rompiendo con el término ordinario de quince días hábiles que establece la legislación procesal civil, la resolución ya estaba lista el lunes 14 de agosto, apenas tres días después de cerrarse el proceso y en una fracción mínima del tiempo legal.
Los denunciantes sostienen que esta resolución exprés y carente de sustento probatorio responde a instrucciones directas de Maya Mendoza, quien habría utilizado su alta jerarquía en el Poder Judicial para coaccionar e influir sobre los juzgadores de primera instancia.
Ante la gravedad de los hechos presentados, que configuran presuntos delitos de abuso de autoridad y fraude, el caso traslada ahora una enorme responsabilidad a las instancias disciplinarias del Poder Judicial del Estado de México (PJEdoMéx), a la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y a los tribunales correspondientes, quienes deberán investigar y sancionar este flagrante atropello a la legalidad.
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