Octavio Martínez impulsa una Ley de Indulto con sentido humanitario para el EdoMéx
*Redacción Diario Evolución*

Con el propósito de avanzar hacia un sistema de justicia más humano y sensible, el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para abrogar la actual Ley de Indulto del Estado de México y expedir una nueva Ley de Indulto y Justicia Humanitaria.
La propuesta busca transformar el indulto en una herramienta institucional con criterios claros y procedimientos definidos, que permita atender casos donde la ejecución de una pena se haya convertido en una carga injusta o contraria a la dignidad humana.
Entre las bondades de la iniciativa se buscan causales objetivas y verificables: Se contemplan situaciones como enfermedades graves o terminales, edad avanzada, afectaciones severas a hijos menores, vulneraciones al debido proceso, barreras lingüísticas o culturales en personas indígenas, y contextos de discriminación estructural.
También agilidad en los trámites con plazos concretos para evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente por razones burocráticas. Acompañamiento institucional para que las personas privadas de la libertad tengan acceso a información, orientación y apoyo para ejercer este derecho.
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El Fortalecimiento de órganos colegiados donde se refuerza la actuación del Comité Técnico y del Consejo Consultivo de Indulto, garantizando transparencia y rigor en la toma de decisiones. Asimismo se especifica que el indulto no elimina la sentencia ni la reparación del daño, sino que constituye un mecanismo excepcional para extinguir total o parcialmente la ejecución de la pena por razones humanitarias o de justicia material.
Martínez Vargas subrayó que detrás de cada expediente existen historias humanas y contextos sociales complejos que no siempre se reflejan en una sentencia. Por ello, la iniciativa busca que el Estado de México cuente con una ley más sólida y congruente con los principios constitucionales de dignidad, igualdad, debido proceso y reinserción social.
Con esta propuesta, se abre paso a un modelo penal más moderno, donde la legalidad conviva con la compasión y la proporcionalidad, y donde el Estado tenga la capacidad de corregir, con responsabilidad y sensibilidad, aquellas situaciones en las que castigar más ya no significa hacer justicia.
