“Soy Papá, No Criminal” acusa falta de pruebas en 80 procesos penales en EdoMéx
*Fernanda Rodríguez*
Integrantes del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad y del movimiento Soy Papá, No Criminal alzaron la voz para exigir a las autoridades del Estado de México que se frene la presunta fabricación de carpetas de investigación sustentadas en denuncias falsas, al considerar que esta práctica afecta directamente los derechos parentales y termina por impedir la convivencia de padres con sus hijos, así como el acceso a la custodia.
En el marco del Día Internacional contra las Denuncias por Hechos Falsos, Rodrigo Perea Mendoza, representante de Soy Papá, No Criminal en el Estado de México, informó que la organización acompaña formalmente alrededor de 80 procesos de padres de familia que, según expusieron, enfrentan vinculaciones a proceso sin elementos probatorios contundentes y han sido señalados por delitos graves como sustracción de menores e incluso secuestro de sus propios hijos.
Durante su pronunciamiento, los integrantes de los colectivos señalaron que existe una vulneración al interés superior de la niñez debido a la manera en que las instituciones encargadas de procurar justicia atienden este tipo de casos. Afirmaron que en diversos procesos se omiten estudios socioeconómicos, evaluaciones psicológicas y peritajes en materia de nutrición que deberían realizarse con la participación del DIF y especialistas acreditados.
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De acuerdo con los activistas, esta situación termina por dejar las dinámicas de convivencia sujetas a la disposición de la madre y puede reducir el contacto entre padres e hijos, en algunos casos, a únicamente dos sesiones por semana. Ante este panorama, hicieron un llamado al Congreso del Estado de México para impulsar modificaciones al Código Civil y al Código Penal que permitan garantizar condiciones de mayor equidad en el ejercicio de la paternidad y, al mismo tiempo, proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Entre sus principales propuestas se encuentra modificar el artículo 4.2 del Código Civil mexiquense, que establece una preferencia para que la madre ejerza la guarda y custodia de menores de 12 años. Los integrantes de la organización plantearon que las niñas y niños de entre tres y cuatro años puedan ser escuchados dentro de los procesos judiciales para determinar su lugar de residencia, tomando en cuenta sus circunstancias particulares.
Los manifestantes insistieron en que los casos que acompañan corresponden, según su versión, a padres que mantienen sus obligaciones familiares, cumplen con el pago de pensiones alimenticias y respetan los convenios establecidos legalmente. Por ello, solicitaron a los órganos jurisdiccionales actuar con imparcialidad, revisar cada caso con base en pruebas y evitar que acusaciones falsas deriven en la ruptura injustificada de los vínculos entre padres e hijos.
