LA GUERRA PERDIDA DE CALDERÓN-PEÑA

Por Raúl Río Valle

Muy difícilmente sabremos el estado en que se encontraba Felipe Calderón al iniciar su guerra, en el marco de la estrategia del imperio que aprovechó al máximo su falta de legitimidad, aquel 11 de diciembre cuando con el quepis y la camisola militar que le quedaban grandes dio la orden de atacar. Pero sí sabemos el estado de destrucción y desolación en el que se encuentra México a 10 años de que su locura comenzó.

Muchas son las fuentes para evaluar las cifras del desastre de esa falsa guerra contra el narco, iniciada por Calderón y continuada al pie de la letra por Enrique Peña, lo que demuestra que fue una política de Estado, una estrategia concertada por las fuerzas económicas y políticas que hasta hoy dieron conducción a los gobiernos de Estados Unidos y México.

En 2012, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Leon Edward Panetta, dijo que 150 mil mexicanos fueron asesinados en el sexenio calderonista, con base en supuesta información otorgada por las autoridades mexicanas.

Pero mejor vayamos a fuentes internas, libres de toda sospecha de parcialidad. El conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el más confiable del país. Retoma los datos del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses, los cuales especifican la causa de cualquier defunción.

El INEGI contabiliza 186 mil 297 asesinados entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015. Calderón registró en su gobierno 122 mil 462 asesinatos; Peña Nieto lleva 63 mil 835 (en tres años; 2013, 2014 y 2015). De acuerdo a esa tendencia es indudable que en diciembre de 2016 la guerra de Calderón-Peña ya rebaso los 200 mil muertos. Y de acuerdo a organismos de derechos humanos, oficiales e independientes, en el marco de esa guerra los mexican@s desaparecidos rondan la cantidad de 30 mil

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), contabiliza 184 mil 682 carpetas por homicidio doloso, entre 2007 y octubre de 2016. Según esos datos, el sexenio de Calderón sumó 104 mil 794 carpetas, y Peña, en tres años y diez meses de gobierno, 68 mil 82.

En cuanto a los desparecidos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED) se reportan 28 mil 937 personas que han sido desaparecidas en el fuero común del 2007 a octubre de este año. Más 966 personas en el fuero federal en el mismo periodo. Una suma de 29 mil 903.

La dimensión de la tragedia se ubica con más precisión si hacemos el comparativo de México en relación a conflictos bélicos en otros países:

MÉXICO: De diciembre del 2006 a diciembre del 2016 registra más de 200 mil homicidios, según datos del INEGI.

GUATEMALA: En los 36 años de guerra que duró el conflicto armado 200 mil personas fueron víctimas de ejecuciones, de acuerdo con datos del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica.

EL SALVADOR: Los 12 años de conflicto interno dejaron 75 mil muertos, de acuerdo con la Comisión de la Verdad de ese país.

NICARAGUA: La revolución Sandinista a finales de los años 70 costó 50 mil muertes, de acuerdo con un estudio de la fundación Friedrich Ebert Stiftung.

COLOMBIA: Los 52 años de conflicto armado contra los rebeldes de las FARC tuvieron un total de 220 mil homicidios, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

AFGANISTAN Y PAQUISTAN en donde la guerra contra el terrorismo lanzada en 2001 a raíz de los atentados del 11-S en Estados Unidos ha dejado un total de 149.000 muertes directas. En esta cifra están incluidos más de 47.700 civiles, según un estudio publicado por el Instituto Watson para los Estudios Internacionales de la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

En cualquier comparativo perdemos. Tal y como Calderón y Peña tienen perdida la supuesta guerra contra el narco. Un informe de la DEA, que analiza las actividades del narcotráfico en el territorio de Estados Unidos durante 2015 es contundente: Los cárteles mexicanos son dueños absolutos tanto del tráfico de drogas hacia Estados Unidos como del mercado de estupefacientes en ese país, y en el futuro inmediato no hay organizaciones criminales que signifiquen una amenaza para ellos. Ni los colombianos son ya competencia.

Según la revista Proceso, la misma DEA reconoce que los narcos mexicanos controlan toda la frontera sur de Estados Unidos. Y dice que la agencia antidrogas, respaldada con información de inteligencia recolectada por la CIA y el Pentágono en 2014, la DEA reparte el control del territorio mexicano entre 8 grupos delictivos: El Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Juárez, el del Golfo y el de los Beltrán Leyva. 10 años de guerra y ningún cártel desapareció del escenario.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha explotado e insólitamente ha levantado la voz ante el poder civil. Después de 10 años de guerra han reparado que la participación del ejército y de la armada en esa guerra, ya a todas luces perdida, no tenía un marco jurídico que les permitirá participar en la misma de manera legal.

Al levantar fuerte la voz, el general Cienfuegos ha rebasado las funciones del Secretario de Gobernación, quien es el que está al frente del gabinete de política interna y seguridad. Pero también, si no tenía su venia, puede haber rebasado al mismo Presidente de la República, que es, según establece la Constitución el comandante supremo de las fuerzas armadas del país.

En toda República el poder civil está por encima del poder militar. Salvo cuando los militares se imponen a través de un golpe de Estado. Si Agustín Carnstens buscó nuevos horizontes cuando el país se hunde, tal vez por lo mismo ahora el general Cienfuegos busque afanosamente que las fuerzas armadas tengan las garantías legales necesarias, ahora que se percibe la posibilidad de un cambio de régimen, porque hay evidencias de que actuaron sin una normatividad que les permitiera actuar en materia de seguridad pública. En ese caso no debiera ser la premura y el apresuramiento quienes rijan la urgencia.

Porque además la ley, en ningún caso, es retroactiva y los eventuales crímenes de lesa humanidad, si es que los hubiera, no prescriben y no se detienen en tribunales mexicanos, pueden ser requeridos por tribunales internacionales.

Más que una Ley de Seguridad Interna que restrinja derechos y libertades de los mexicanos debería ponerse por delante el terminar esa falsa guerra contra las drogas, e iniciar un proceso de paz, que nos lleve a la conciliación y al desarrollo armónico del país. Sin odios ni rencores.

Pero aquí también queda clara la dimensión de la responsabilidad de Calderón y Peña. Ambos están empecinados en que sigamos por el mismo camino y cometiendo los mismos errores. Calderón, Peña y la oligarquía neoliberal que los impulsó deberían reconocer que no solamente han perdido batallas, sino que han perdido la guerra.

Lo cual ayudaría mucho, pero es difícil que lo hagan. Por eso es necesario cambiar al que está y no dejar llegar al que quiere regresar. En el marco de los términos establecidos legalmente.

Lo peor que nos puede ocurrir ahora es caer en la mano más dura, en transitar del autoritarismo al totalitarismo, en lugar de llegar por fin al puerto de la democracia y empezar a levantar los escombros de esa guerra.